La proximidad de su concesionario y taller de automóviles al río de O Con le jugó al empresario vilagarciano Ramón Moral una muy mala pasada el 27 de noviembre del año pasado. Al desbordar su cauce, el agua corrió a sus anchas por el centro de la ciudad y a las primeras de cambio anegó su negocio, provocando un serio menoscabo económico a la compañía. Durante meses, sus empleados tramitaron un buen lote de documentación a fin de acceder a las ayudas estipuladas por la Xunta para paliar los daños. Ahora, cuando el desastre está a punto de cumplir su primer aniversario, la respuesta de la Consellería de Innovación e Industria le ha dejado de piedra: «La ayuda de 1.446,30 euros que nos han concedido -afirma Moral- es mísera».
El parte de perjuicios que las riadas infligieron al concesionario es cuantioso. El agua y el lodo se llevaron por delante vehículos nuevos y usados, prácticamente todo el mobiliario de oficina y el propio solado del establecimiento, cuya reposición no quedó lista hasta el pasado sábado. Tanto es así, que el negocio tuvo que cerrar sus puertas durante tres meses antes de poder reiniciar su actividad en condiciones.
Las pérdidas totales, indica la secretaria de la empresa, ascienden a 318.000 euros. De ellos, el Consorcio de Compensación de Seguros ha abonado alrededor de 214.000 euros. Como le ha sucedido a tantos empresarios afectados por las inundaciones de noviembre, la póliza de cobertura, que estipula una franquicia del 7% que debe abonar el asegurado, no preveía situaciones de este tipo, por lo que Ramón Moral asume de partida que no percibirá una compensación al cien por ciento. Sin embargo, recuerda que Industria se comprometió en su día a proporcionar el porcentaje que no cubriese el consorcio. Y, al menos, a hacerse cargo de las franquicias. Este último punto es el que el empresario consideraría razonable. Sin embargo, a la postre no ha sido así.
Ese 7% de franquicia representa, en números redondos, 22.260 euros. A la vista está que la ayuda de 1.446,30 euros se queda a años luz de la primera cifra. «No nos llega -lamenta el empresario vilagarciano- ni para cubrir los gastos de limpieza, que ascendieron a 3.000 euros».
El origen del problema probablemente se encuentre en la documentación que pide la Xunta: «Nos han mareado, les hemos enviado tres veces todas las facturas y ahora exigen certificados bancarios de que todos los proveedores han cobrado, esto es absurdo y una chapuza».