El organismo dilucidará si el regidor podía o no presentarse a unos comicios y ser elegido El presidente del ente arousano puso ayer en manos de Madrid la consulta del Partido Popular
02 jul 2007 . Actualizado a las 07:00 h.COMIENZA EL TRASPASO DE FUNCIONES. Poco a poco se visualizan los cambios entre los miembros del gobierno local. Ayer, Ana Lorenzo, responsable de Xuventude por el BNG, inauguró el obradoiro infantil. Su antecesora, María Araújo (PSOE), colabora como coordinadora con la empresa que presta el servicio ?a mayoría de los actores implicados en el debate sobre la situación legal de Enrique León como miembro electo de la corporación municipal de Vilagarcía esperaban que ayer se hubiese producido una resolución acerca de la consulta presentada por el Partido Popular al respecto. Sin embargo, el organismo receptor de la misma, la Junta Electoral de Zona de Cambados, decidió inhibirse directamente a favor de la junta central, por lo que el dictamen final se adoptará en Madrid, al parecer de forma inmediata. La duda planteada por los conservadores va más allá de la mera compatibilidad o incompatibilidad, para profundizar en un factor previo: la capacidad o incapacidad legal de León para ser elegido en unos comicios, dada su condición de miembro de las fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, no se trata de establecer si León puede o no ser alcalde de la capital arousana, sino de dictaminar si tan siquiera podía haber participado en una candidatura. La Ley del Régimen Electoral General especifica que, en casos de incompatibilidad, el afectado tiene ante sí la potestad de renunciar a la causa que origina tal situación y finiquitar así el conflicto. En cambio, si la resolución de la junta central encuentra que León se halla en una coyuntura de inelegibilidad, que es lo que el PP se pregunta, las consecuencias podrían ir mucho más lejos. Incluso hasta la anulación de su nombramiento no ya como regidor, sino como mero concejal. En realidad, lo que está en discusión es la condición profesional de León Calviño, si se le puede considerar o no como un miembro de la policía en activo. Si la respuesta es positiva, la ley es clara: no puede ser sujeto del derecho de sufragio pasivo, es decir, a ser votado y elegido. Si es negativa, como defiende el regidor vilagarciano, por haber pasado a un régimen de segunda actividad sin destino, no tendría ningún problema. Por lo que a esta última cuestión respecta, Enrique León no tiene dudas. Él mismo, arropado por el PSOE, presentó ante la junta de zona un informe emitido desde el Ministerio de Interior en el que el abogado del Estado indica que su situación profesional es perfectamente compatible con la elegibilidad en unos comicios. Fue este mismo informe el que, de hecho, le abrió las puertas de la candidatura socialista. Si el dictamen hubiese establecido lo contrario, lo lógico es que hubiese solicitado su cambio a una situación administrativa que lo hiciese posible, ya en el momento de registrar la lista del PSdeG en Vilagarcía. Los escenarios posibles De resultar adversa la resolución de Madrid, en la capital arousana se abriría un escenario inédito. Lo más probable es que la corporación se viese obligada a repetir el pleno de toma de posesión, ya que, como primera cuestión, el resto de los concejales tendrían que elegir a un nuevo regidor. Teniendo en cuenta que la lista más votada es la del Partido Socialista, y que existe ya un pacto de gobierno con el BNG, el nuevo regidor partiría de las filas del PSOE, que haría correr dos veces su lista para cubrir a Carlos Guerrero, ya dimitido, y de ser este el caso, también a León. Aunque el presidente del PP, Tomás Fole, se preguntaba ayer si las consecuencias podrían ir más allá, y provocar incluso una repetición de las elecciones, esta posibilidad parece del todo remota. Sí sería necesario, en cambio, repetir los decretos de la alcaldía para delegar competencias en la junta de gobierno.