La cosa política
11 nov 2006 . Actualizado a las 06:00 h.?n estos tiempos de pelotazo y hormigón, en los que buena parte de la costa gallega parece haberse situado en el punto de mira de los grandes especuladores, quizás no sea del todo inconveniente recordar que aquí, en Carril, se gestó un campanazo de este tipo en toda regla. El Consello de la Xunta le ha puesto el freno definitivo, con la declaración de utilidad pública de la isla. Pero la historia de Cortegada pudo haber sido muy distinta de haber prosperado las lucrativas intenciones de la inmobiliaria Cortegada S. A. Todo comenzó mucho antes, allá por 1902, cuando las mentes de un grupo de notables conciben la idea de regalar al monarca, Alfonso XIII, una finca en la que pueda construirse un palacio de verano. La corte traerá empleos, riqueza y vías de comunicación, piensan. Éste era el planteamiento que, sin embargo, no culminaría hasta 1910. El 10 de julio de aquel año, la comisión organizada a tal fin otorga la escritura de donación definitiva al rey. Nombres como los del industrial Daniel Poyán o Teodosio González, presidente de la Cámara de Comercio, están al frente de la iniciativa. El documento que se firma entonces no es, sin embargo, el primero que se propone. Existe una escritura anterior condicionada -puesto que la operación se reviste de un marcado interés económico, esto exige la construcción del palacio y el mantenimiento de la propiedad en manos de la Casa Real como puntos imprescindibles- que Alfonso XIII rechaza. El monarca, lógicamente, quiere una donación pura, y entre 1908 y 1910 se otorgan alrededor de doscientas escrituras notariales. La superficie de la isla se divide nada menos que en 1.244 fincas, que pertenecen a 800 propietarios distintos. En ella siguen habitando 16 familias, a las que el mundo se les viene encima. No hay nada que hacer. La cesión concluye, y ellos, a la calle. O a Carril. Aunque no todo debió de hacerse correctamente, puesto que el notario que interviene en el levantamiento de las actas, José Barreiro, reclama cuatro años después el cobro de 28.000 pesetas de las de entonces, en concepto de honorarios impagados. Al final, la compra asciende a no menos de 40.000 duros. Llega la inmobiliaria Poco más hay que añadir hasta los años setenta, salvo el hecho de que el palacio, diseñado por el arquitecto Ripollés, jamás dará un paso más allá de los planos. Don Juan de Borbón y Battenberg hereda la isla de su padre, Alfonso XIII. Pero, a diferencia de lo ocurrido con los palacios de la Magdalena, en Santander, y Miramar, en San Sebastián, que son cedidos a sus respectivos ayuntamientos tras un acuerdo económico, Cortegada continúa formando parte del patrimonio real. Hasta el 6 de noviembre de 1978, fecha en la que es vendida a la sociedad Cortegada S. A. por 60 millones de pesetas. En abril de 1979, el constructor compostelano José Otero Núñez, consejero de la firma inmobiliaria, presenta en el Concello de Vilagarcía un proyecto de urbanización que levanta un notable revuelo. El documento pretende construir doce bloques de apartamentos, 75 viviendas unifamiliares y un hotel de lujo, además de reservar 30.000 metros cuadrados en los que levantar el ansiado palacio a Don Juan. La coartada palaciega es recurrentemente utilizada por los nuevos propietarios para justificar la operación. «Es una cosa de cinco amigos, que decidimos comprarle parte de la isla para que pudiera desenvolverse la construcción del palacio», señala el abogado Ramón Pais, cofundador de la sociedad y asesor jurídico de varias entidades bancarias, entre ellas la Caja de Ahorros de Santiago. El caso es que Cortegada S. A. no inscribe la isla en el registro de Cambados hasta octubre de 1979, y no da de alta la razón social en A Coruña hasta julio del mismo año. Es decir, en ambos casos con posterioridad a la presentación del proyecto de urbanización. Es, más, entretanto se presentan dos demandas judiciales. La primera la encabeza Fernando García, vecino de Vilagarcía, y la defiende el abogado Benito García Dorgambide, con Gonzalo Bouza Brey como procurador. Su argumentación es clara: documental y formalmente la donación a Alfonso XIII fue incondicionada, pero la intención de los donantes era transparente; construir el palacio y que Cortegada siguiese bajo la titularidad real. Como quiera que tales objetivos no se han cumplido, existiría un imperativo moral que exigía la devolución de la isla al pueblo. La casa de A Golpilleira, por otra parte, quiere hacer valer el foro que pendía sobre las fincas ahora cedidas, y que data de 1840. En la redención de tal foro, se especifica claramente que «si dejase algún día de pertenecer a la Corona de España, es su voluntad que los herederos de esta casa reivindiquen el dominio». Movilización popular Entretanto se genera una notable movilización popular. La asociación de vecinos de Carril, presidida por el abogado, sociólogo y más tarde concejal socialista, Carlos Berride, pone al pueblo en pie. Muy críticos con el alcalde, José Luis Nogueira, dudan de las intenciones del proyecto y llaman la atención sobre el hecho de que sólo la madera existente en Cortegada vale más que los 60 millones de pesetas en los que se sustentó la venta de la isla. Así, entre trompicones, llega el convenio urbanístico con el Ayuntamiento, que rubrica, en 1982, el alcalde Recuna. Aquel plan, que nunca salió adelante, preveía la construcción de un puente que hubiese afectado a los parques de almeja, un hotel de 5 estrellas y otro de 3, un gran auditorio, campos de golf y tiro, canchas de tenis, apartamentos, chalés y puerto deportivo, residencias colectivas, una carretera perimetral, una gran área comercial y un estadio. Una operación de 11.000 millones para albergar a una población flotante de al menos 4.000 personas. Auguraban los promotores que en 1992, con la autopista entre Santiago y Pontevedra, Carril distaría 10 minutos de la capital gallega. Sus pronósticos fallaron.