La cosa política
17 dic 2005 . Actualizado a las 06:00 h.?ntentos a la cita: «Os concellos de área reducida non poden comprir as mandas que se lle impoñen, e os de área estensa non levan até os habitantes alonxados da Casa consistorial máis que o reparto dos trabucos. Os nosos concellos non poden comprir a importante función local que a lei lles encomenda. Así xurde, como sustitutivo, unha entidade simuladora desa función ineisistente: o caciquismo. Cómpre, pois, reformar o réxime local de Galiza atendendo á morfoloxía dos seus grupos aldeáns». Esto fue escrito a finales de 1937, en plena Guerra Civil y a caballo de Barcelona y Valencia, por Castelao . Formaba parte de los artículos que posteriormente compusieron su testamento político, Sempre en Galiza . Un testamento y una figura, la del ilustre rianxeiro, que el Partido Popular de Galicia siempre se ha preciado de abrazar, aunque, como se verá, pocos conservadores parecen haber leído sus tesis y propuestas. El asunto viene a cuento de que el texto es perfectamente aplicable a la realidad gallega hoy en día, casi setenta años después de que aquellas palabras fuesen escritas. Galicia sigue inflada de pequeños ayuntamientos, incapaces de gestionar los servicios que merecen sus ciudadanos por la sencilla razón de que carecen de recursos para hacerlo. ¿Cómo es posible sostener aparatos municipales para mil habitantes? La respuesta parece clara: con una sangría económica importante. El papel de la Diputación Por supuesto, el tiempo ha marcado diferencias. El lugar del caciquismo, que pese a todas sus connotaciones nauseabundas no dejaba de cubrir un hueco vacío en la administración de lo público, lo ocupan en estos momentos las diputaciones. No en el sentido peyorativo que podría asociarse a esta afirmación, sino por la propia labor que los organismos provinciales llevan a cabo. Como decíamos, resulta evidente que la miríada de concellos galaicos no pueden cumplir los objetivos para los que fueron creados: servir al ciudadano. Ahora bien, el administrado no puede quedar desasistido, no al menos totalmente. Es paradigmático el caso de Meis, que durante años guardó en sus almacenes decenas de contenedores de basura porque ni siquiera existía una ordenanza sobre la recogida de los residuos y no disponía de fondos para crear el servicio. Y es ahí, en ese dramático tramo de incapacidad manifiesta, donde surge la Diputacion, que realiza el trabajo y sufraga los gastos que debería asumir el Ayuntamiento. El arma política En tales circunstancias, el control de las diputaciones constituye un arma política de primer orden, con influencia potente y directa sobre la mayoría del territorio, de las entidades locales y de sus gentes. Sobre todo si, como es el caso del PP, es la única institución supramunicipal que conserva en sus manos. Desde Pontevedra, Rafael Louzán está haciendo oposición real al poder de la Xunta bipartita. No hay más que repasar los anuncios sucesivos de proyectos e inversiones provinciales allí donde el Gobierno autonómico ha modificado las directrices del gabinete Fraga. Véanse las obras anuladas por Medio Rural y los cambios diseñados por Xestur sin ir más lejos. En realidad, este es el trasfondo de la polémica que el alcalde de Vilagarcía, Javier Gago , y el primer teniente de alcalde de Vilanova y vicepresidente de la Diputación, José Juan Durán , han mantenido durante esta semana a cuenta de los fondos provinciales. El regidor vilagarciano sostiene que el organismo que preside Louzán margina a la capital arousana. Es cierto, pero no se trata de un capítulo puntual o de la mejor o peor voluntad del mandatario de turno. Está en el propio espíritu de la Diputación discriminar a las poblaciones eminentemente urbanas para favorecer a los núcleos rurales. En esto reside su única razón de ser, porque en el momento en el que los municipios tengan dimensiones y recursos adecuados para gestionar adecuadamente sus servicios, las diputaciones habrán perdido todo su sentido. Ya el Estatuto de autonomía de 1936 preveía construir el aparato de la Xunta sobre las bases de las cuatro diputaciones gallegas. Sus redactores seguían una lógica irreprochable: con unos ayuntamientos adaptados a la realidad social y demográfica del país y un Gobierno autonómico con sus correspondientes delegaciones, los organismos provinciales no pintan nada. El problema, en fin, sigue sobre la mesa, junto a la necesidad de dotar a Galicia de una estructura territorial que acabe de una vez por todas con la duplicación del gasto y los servicios. Los argumentos Con todo, los argumentos con los que Gago ilustró su denuncia son débiles en más de un sentido. Para empezar, porque fue Louzán quien, con la aquiescencia de los grupos socialista y nacionalista, modificó los criterios de reparto de los planes provinciales para que empezasen a computar las poblaciones urbanas, y eso no tiene vuelta de hoja. Segundo, porque los mecanismos que sigue la Diputación de A Coruña, gobernada por PSOE y BNG, son más discrecionales aun que los que funcionan en Pontevedra. Y tercero, porque no se puede defender que el que más contribuye reciba en la misma medida sin caer en la falta de solidaridad tributaria que muchos socialistas reprochan al Estatut catalán. Durán, sin embargo, tiró por el cuerpo a cuerpo, acusó al alcalde de gestionar mal... y perdió. «Pero si usted mismo vive en Vilagarcía», le espetó Gago. Ahí es duro de pelar.