?l Servicio de Asesoramiento Integral a la Mujer (SAIM) de Caldas hizo pública ayer la memoria del 2004. A diferencia de lo ocurrido en el 2003, el pasado año las consultas atendidas en este departamento de ámbito comarcal, pero con sede en Caldas, se redujeron notablemente pasando de 798 a 580. En el 2002 las solicitudes de información tramitadas fueron 703. Según la estadística del SAIM, el área jurídica fue la más reclamada por los ciudadanos con un total de 278 consultas, seguida de la de recursos con 270. El resto de áreas apenas tuvieron presencia: orientación profesional, 2; empleo, 26; información del Servicio Galego de Igualdade (SGI), 3; y otras, 1. Malos tratos El área jurídica abarca consultas sobre derecho de familia, civil, fiscal, administrativo, penal, laboral, seguridad social y justicia gratuita. Dentro del derecho de familia las más numerosas versaron sobre separaciones (59) y divorcios (10). En el caso del derecho penal, 17 fueron sobre malos tratos, 10 sobre impago de pensiones, 2 sobre agresiones y abusos sexuales y otras 2 sobre acoso sexual. En el área de recursos, las peticiones más reiteradas incidieron en cuestiones relacionadas con la salud (230). Dentro de éstas, las más numerosas se refirieron a depresiones/ansiedad (110), toxicomanías (42) y trastornos de conducta (29). El SAIM es una iniciativa que se gestó en 1998 de la mano de las asistentes sociales de los nueve ayuntamientos -Caldas, Catoira, Cuntis, Moraña, Pontecesures, Portas, Valga, Barro y Campo Lameiro-. Entonces se trataba de un proyecto innovador por su enfoque, que abarcaba el asesoramiento social, psicológico y jurídico gratuito. El SAIM se financia con aportaciones municipales y de la Xunta a través del SGI, dependiente de la Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado. A partir de este año, el servicio dependerá en exclusiva del Ayuntamiento de Caldas y el resto de localidades de la comarca podrán sumarse a través de convenios. Con esta fórmula el equipo de gobierno de Caldas pretende evitar que se beneficien del servicio y no paguen la aportación económica que les corresponde.