?l juzgado de lo Penal número uno de Pontevedra está pendiente de fijar el señalamiento de la vista oral en la que serán juzgados cuatro dirigentes del sindicato CIG por los ataques que sufrió la flota de la compañía Monbus durante la huelga de La Unión, en el año 2001. La larga lista de testigos que pretende citar la acusación, un total de 40, podría retrasar la celebración del juicio contra Rafael Iglesias, secretario comarcal de la CIG; Antolín Alcántara, miembro de la ejecutiva nacional; Xosé Luis Cid, de CIG Vigo, y Marcos Fernández, que podrían ser condenados a penas de hasta tres años de prisión cada uno si prospera la tesis de la acusación particular. El representante legal de Monbus, propietaria de La Unión, solicita la pena máxima por un delito de ccoacciones y también pide una multa que supera los cuarenta mil euros por el supuesto delito de daños que atribuye a los cuatro sindicalistas. Por su parte, el escrito de acusación de la fiscalía rebaja la pena a dos años por un presunto delito de daños. Los hechos que sentarán en el banquillo a Rafael Iglesias y a los otros tres imputados ocurriron sobre las tres de la madrugada del 26 de junio del 2001, cuando unos vecinos de O Grove vieron a los ocupantes de un Renault-5, de color rojo, romper las ventanillas de varios autobuses de Monbus estacionados en la zon portuaria de la citada villa. El citado vehículo fue interceptado a las 4.15 horas en Cambados y, según informó la Guardia Civil en su día, en su interior se incautaron dos pistolas de gas (aire comprimido), de calibre 4,5 milímetros con doce bombonas de recarga, tres cajas de munición (bolas de acero del mismo calibre), tres pasamontañas, seis aerosoles de color rojo y negro y dos tubos de pegamento.