La fórmula para que funcione el consorcio es sencilla: la Diputación adelantará dinero y lo recuperará a medida que se vayan vendiendo las parcelas. A esta tarea podría unirse asimismo el Ayuntamiento de Pontevedra -los de Meis y barro no tienen posibilidades financieras- siempre que la ley de estabilidad se lo permita. La Diputación y el propio Concello de Pontevedra pueden aportar asimismo su experiencia en materia de gestión urbanística, clave para ir superando plazos. Según explicó Landín, el nuevo polígono dispondrá en Barro de 300.000 metros cuadrados de iniciativa privada y de 480.000 de iniciativa pública y, en Meis, de 600.000 de iniciativa pública. En total, se calcula que puede disponer finalmente entre 1.200.000 y 1.380.000 metros. El polígono abre la posibilidad de crear grandes parcelas -hasta 300.000 metros cuadrados- para grandes industrias por lo que tendrá la consideración de estratégico. En principio, Xestur no lo consideró prioritario o no tenía fondos para acometerlo, pero existe un estudio de viabilidad que asegura que habría ya demanda para un 80% de la superficie. En Pontevedra, el suelo está prácticamente agotado y no existen grandes parcelas, ni siquiera en O Campiño.