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27 feb 2003 . Actualizado a las 06:00 h.NO, no, no, a mí que no me miren, que yo no me llamo Javier. ¿Les suena? Algo así, más o menos, cantaba el ínclito Pablo Carbonell en los felices ochenta cuando, al frente de aquel comando musical denominado Toreros Muertos, puso letra al áspero mundo de la paternidad putativa. Efectivamente, el conselleiro de Xustiza no se llama Javier. Su nombre es Antonio. Pillado Montero, para más señas. Es nuestro hombre en la Xunta, el arousano que, según las más avanzadas teorías políticas -ya saben, el Gobierno amigo y todo eso-, debería garantizar un trato cercano y amigable a la comarca desde las alturas de San Caetano. Decíamos que Pillado no se llama Javier. Y es cierto. Tampoco firmó en su día el decreto de segregación de Vilanova y A Illa. Lo hizo su antecesor en el cargo. Pero no es menos cierto que existe un imprescindible principio, el de responsabilidad institucional, que obliga al prócer de turno a asumir aquellas decisiones de sus predecesores en el puesto cuyos efectos trasciendan en el tiempo. Sin este respeto fundamental, la acción política no tendría el más mínimo sentido. Sin embargo, el conselleiro amigo se desentiende del traumático proceso de separación de ambos municipios. Tanto, que ni siquiera acudió a la comisión celebrada ayer. Envió a su director xeral de Administracións Locais y se quedó despachando vaya usted a saber qué sustanciales asuntos. Con tan simpático gesto, el de Cambados deja tirados a unos quince mil vecinos y hace un flaco favor a su partido, el mismo que, tal vez no se haya percatado, gobierna también en Vilanova. Pillado añade un tanto a su cuenta de aciertos -pasar del Concello de A Illa es otra hazaña- y sigue.