La anterior redacción del plan no fue aprobada por Medio Ambiente al considerar este organismo que infringía la Ley de Costas. Para demostrar que no era así, el Concello debió presentar una serie de documentación que avalase que en estos lugares existían construcciones y servicios con anterioridad al año 1988, fecha en que esta normativa entró en vigor. Pero estas pruebas documentales y fotográficas presentadas por el gobierno isleño no fueron admitidas por Costas. En este sentido, el Partido Popular de A Illa acusó ayer al equipo de gobierno de no haber levantado en su momento los planos necesarios cuando se habilitaron los servicios en las zonas afectadas. «Se fixeran os planos chegaría simplemente con presentar iso e sería moito máis fácil que o plan se aprobase», comentó el concejal popular Antonio Otero Molanes.