Los grupos municipales acordaron aprobar el PXOM y acudir a la vía judicial si es necesario «Estamos todos de acordo en que hai que traballar polo plan para que nolo aproben», comentaba ayer el concejal de Urbanismo del gobierno isleño, Julián García, tras la reunión que mantuvieron los portavoces de los grupos políticos de la corporación. Los tres partidos acordaron aprobar el plan urbanístico con las modificaciones que Costas obliga a incluir. De este modo se pretende que «non toda a Illa estea pendiente da aprobación do PXOM». Una vez que el plan entre en vigor, se recurrirá a la vía judicial y al Parlamento para intentar que se reconozcan las peculiaridades del territorio isleño.
22 mar 2001 . Actualizado a las 06:00 h.M. S. P. A ILLA El acuerdo al que llegaron los grupos de A Illa consiste, básicamente en acudir al Parlamento Español, ya que la legislación que impide la aprobación del plan urbanístico isleño tal como está redactado es de carácter nacional. «Sempre se poden contemplar excepcións á norma e esto sería unha delas», comentó Julián García. La idea es conseguir que la Ley de Costas pueda aplicarse de manera distinta en el caso de territorios peculiares, como es el caso de A Illa. Los partidos isleños tratarán de llegar a un acuerdo que suponga un tratamiento general de la costa del municipio. En este documento consensuado se definirían las zonas en las que deben respetarse los cien metros y las áreas en las que deberían reducirse a veinte metros. La intención es, según se marcó en la reunión mantenida en la tarde de ayer, «preservar a costa pero sen dañar os intereses da Illa». Una vez consensuado este planteamiento, el siguiente paso sería su tramitación parlamentaria. Vía judicial Paralelamente, los isleños pretenden recurrir también a la vía judicial para tratar de conseguir que se atiendan sus demandas y se les permita establecer la línea de protección en veinte metros en lugar de cien metros como establece la legislación. Para seguir estas dos vías de actuaciones, los grupos de A Illa pretenden contratar un gabinete jurídico-técnico que se encargue de llevar a cabo estas gestiones. «Hai que pelexar con uñas e dentes, pero estamos falando de enfrentarnos a unha Lei estatal», indicó el portavoz del Partido Popular en la corporación isleña, Martín Santiago.