Manuel Bouzas y Javier Gago se culpan mutuamente del mal estado de las aguas en las dársenas Los vertidos de aguas residuales que provocaron, entre otras deficiencias, que el puerto deportivo perdiese la bandera azul, no podrán ser subsanados hasta el año que viene, cuando a través del Plan Pomal, la Mancomunidade do Salnés realice una fuerte inversión en el saneamiento integral de toda la comarca. A la espera de la que Unión Europea apruebe el proyecto, a Vilagarcía se le dotará de 1.500 metros de tubería para la red de pluviales y 1.570 para aguas residuales. Mientras, Concello y Puerto siguen culpándose mutuamente de que el aliviadero del bombeo vierta las aguas en las dársenas.
13 oct 2000 . Actualizado a las 07:00 h.S. L. L. VILAGARCÍA La segunda fase del Plan Pomal pretende dotar a Vilagarcía de 1.500 metros de tubería para la red de colectores de aguas pluviales y 1.570 para las aguas residuales. Con este ambicioso proyecto se pretende subsanar uno de los mayores problemas que padece la ciudad en materia de saneamiento, con la separación de los vertidos de las aguas residuales y las pluviales. El principal problema que la red tiene en la actualidad es que, en épocas de fuertes lluvias, sobre todo si coinciden con mareas fuertes, el bombeo no tiene capacidad para recoger la cantidad de agua que se genera, de ahí que parte de las mismas vayan a parar al puerto a través del aliviadero. Puerto y Concello se culpan mutuamente de estas deficiencias. Según el presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Bouzas, es competencia de la administración local subsanar el problema de los vertidos. Desde el Concello se dice, sin embargo, que la solución pasa por dirigir el aliviadero hasta el emisario de O Ramal, y que por ser en terrenos portuarios, las actuaciones competen a la Autoridad Portuaria. Así, las cosas, el problema de los vertidos no podrá tener solución hasta el próximo año. La actuación prevista desde la mancomunidad es ambiciosa, pero el proyecto ha sido presentado recientemente en Madrid y todavía deberá pasar un tiempo hasta que sea remitido a la UE, aunque desde la Fundación Comarcal, su gerente, Manuel Soliño, confía en que sea aprobado, ya que en Madrid recibió críticas favorables.