En lo que va de año el Concello realizó 87 requerimientos a propietarios
04 sep 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Viveiro elaborará una ordenanza de inspección y evaluación de edificios , que «con independencia do mantemento das medidas legalmente previstas que se veñen desenvolvemendo, redundará positivamente no estado de conservación dos inmobles do municipio». Según la alcaldesa, María Loureiro, el objetivo es «evitar a progresiva degradación do patrimonio edificado e o deterioro urbanístico e social de determinadas áreas». Además el gobierno local valora «a posibilidade» de crear un cuerpo de inspección municipal que se encargaría de «velar» por la seguridad de los espacios públicos.
Loureiro manifestó, tras la reunión celebrada con los técnicos de urbanismo y rehabilitación del Concello, que la creación de esta «especie de ITV quiere evitar situaciones de riesgo para la seguridad». En lo que va de ello el Concello viveirense curso 87 requerimientos de ejecución de actuaciones a propietarios con viviendas, pero también de limpieza de montes. En total, desde el 2007, se incoaron 587 expedientes. Algunos de ellos con sanciones, la más alta impuesta por valor de 3.000 euros. La alcaldesa resaltó que la actuación en este sentido de su gobierno «no tiene carácter recaudatorio», recordó que el Concello «da cumplimento « a su obligación de velar por la protección del dominio público, la salubridad, seguridad y ornato de los inmuebles del municipio, si bien recordó que «esta é unha obriga dos propietarios».
Loureiro mostró su preocupación por la situación «de moitos inmobles e fincas do municipio».
La reunión de ayer permitió a la regidora y los técnicos evaluar los procedimientos de tramitación abiertos en casos de orden de ejecución y los expedientes incoados en este sentido en los últimos años, «establecendo os criterios a seguir nos requerimentos a propietarios para garantir a completa conservación dos inmobles» en materia de eguridad y ornato. Acordaron mantener los actuales criterios en las órdenes de ejecución forzosa, recurriendo a las multas coercitivas «en todos os casos, excepto naqueles nos que o risco inminente para os bens e a saúde pública aconsellen a execución subsidiaria».