En una sociedad cada día más envejecida la necesidad de residencias de ancianos es una demanda cada día mayor, y eso lo saben bien los grandes estudiosos de la economía que buscan nichos de enriquecimiento. La obra social solidaria que hasta ahora corría, cada vez menos, de manos de las monjas y otras instituciones altruistas, ha dado paso a fondos de inversión especulativo cuyo fin es el lucro.
Eso supone que muchas empresas del sector lleguen a acuerdos con la Administración para la atención de las personas mayores y así conciertan subvenciones para su atención que, dados los altos precios, en gran mayoría carecen de los recursos precisos. Siendo en la provincia de Lugo la pensión media de 1.116´1 euros, y el precio medio de la residencia 1.685 euros, el desequilibrio es mayor de 500 euros. En esta tesitura, la Xunta de Galicia, para paliar ese déficit, se ve abocada a subvencionar muchas plazas. Si a esto añadimos que hay muchas personas que cobran pensiones muy inferiores, el dinero que la Xunta desembolsa es mucho mayor.
Es por ello que, aunque haya control de la administración y se realicen auditorías en aras de la transparencia, resulte extraño que todavía no haya otros controles -formados por familiares de los residentes- para velar por el cumplimiento de las condiciones de vida de los ancianos.
Cierto es que la Mariña, por lo general, va salvándose, no toda, de este afán de lucro con el buen hacer de instituciones caritativas, pero conviene estar ojo avizor. Lo que me parece muy extraño y repito es que las auditorías no las hagan las familias para que de esa manera quizá pudieran evitarse esos escándalos de falta de personal, higiene, mala alimentación y un sinfín de deficiencias que la gente va encontrando. La participación de la familia debiera ser un derecho y no molestar a nadie porque puede servir para corregir anomalías. Nunca debiera ser negocio cuidar a nuestros mayores con diligencia, respeto y cariño.