Captaba en América mujeres en situación precaria para hacerlas trabajar en el Occidente de Asturias sin contrato y durante jornadas abusivas
22 dic 2025 . Actualizado a las 20:35 h.La Audiencia Provincial de Oviedo ha desestimado el recurso subsidiario de apelación presentado por una mujer investigada por supuestos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y contra la Hacienda Pública. El auto, que es firme, ordena seguir las actuaciones por los trámites del procedimiento abreviado, al igual que había resuelto el Juzgado de Castropol.
Hay al menos otro investigado, el presunto jefe de la trama. La investigación comenzó a raíz de la denuncia formulada por una empleada de servicio doméstico en un domicilio particular. La testigo protegida fue contratada en Honduras, trasladada después a Salamanca y llevada a El Franco.
Las actuaciones policiales, vigilancias y escuchas telefónicas apuntaron a la existencia de un grupo organizado que giraba en torno a una sociedad limitada, una figura jurídica que tenía oficinas en Salamanca, Valladolid, Asturias y Cantabria. Según el auto, «tenía una estructura piramidal que estaba integrada por el jefe del grupo; su pareja sentimental, encargada de la sucursal pucelana; una mujer, persona de confianza del máximo mandatario que trabajaba junto a la anterior; otra mujer, encargada del departamento salmantino; la investigada, que respondía por la sede de Santander; y una quinta implicada, que trabajaba en la oficina asturiana».
Dicha estructura se encargaba, según los agentes, «de captar personas extranjeras, mujeres de procedencia latinoamericana con estancia irregular, en situación de necesidad y precariedad a las que no se les realizaba contrato alguno, sin alta en la Seguridad Social, con condiciones de trabajo en ocasiones extensas y con el abono de cantidades inferiores a las legalmente reconocidas, para colocarlas en tareas de servicio doméstico y de cuidado de ancianos en domicilios particulares».
El auto expone que «se formalizaban contratos en los que figuraban identidades de otras personas que se encontraban en situación regular, imponiéndoles a las trabajadoras unas condiciones vulneradoras de la ley».
De acuerdo con las pesquisas, la investigada «era la persona que preparaba las contrataciones de trabajadoras en Santander, seleccionándolas pese a conocer que las empleadas se encontraban en situación irregular en España. Solo una operaria estaba contratada y dada de alta en esa sede a fecha del 25 de enero del 2024», resalta el auto.
La investigada, según la misma fuente, informaba presuntamente a las supuestas víctimas «de sus condiciones laborales, lo que se desprende del resultado de las entradas y registros practicados en este procedimiento, así como de testimonios de las operarias, que manifestaron que ella las contrataba y les informaba de las condiciones, no teniendo contrato y con jornadas abusivas (...), sin perjuicio de que la recurrente actuara bajo la supervisión del investigado (el supuesto jefe de la trama)».
De ese modo, la Audiencia estima «adecuada la imputación de la recurrente», sin perjuicio del pronunciamiento judicial que derive de la vista oral.
Alegaba la investigada que «la narración de los hechos que efectúa el instructor no determina indicio alguno que permita imputarle su participación en la comisión de los hechos (...), sin datos precisos ni objetividad alguna (...), lo que genera indefensión», señalaba.
La Audiencia ve no obstante motivos suficientes para continuar con el procedimiento, sin descargo de una posterior absolución, y recuerda que el sobreseimiento de la causa «exige la completa falta de indicios», no siendo el caso.