Condenados a diez meses de prisión por colocar una casa prefabricada ilegal en Cervo
A MARIÑA
Los propietarios derribaron las construcciones en el año 2016
19 ene 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Acuerdo de conformidad hubo ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 de Lugo, donde dos propietarios fueron condenados a diez meses de prisión y a una multa durante 8 meses a razón de cuatro euros diarios -que podrán pagar en seis meses- por instalar una caseta prefabricada de madera, una solera de hormigón, una construcción auxiliar de madera y un horno-parrilla en una parroquia de Cervo. Aunque el caso fue objeto de un expediente abierto por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística y los propietarios de la finca derribaron en el 2016 las construcciones y repusieron el terreno al estado previo a las obras, el caso acabó en el juzgado. La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito contra la ordenación del territorio y pedía inicialmente una pena de un año de prisión y 12 meses de multa (5 euros diarios). Se suspendió la ejecución de la pena privativa de libertad.
La Fiscalía considera que las edificaciones, con licencia municipal de obra menor, constituían un uso no autorizable en suelo rústico de especial protección paisajística al estar en una zona delimitada por el Plan de Ordenación del Litoral, además de no cumplir la distancia límite de Feve para cualquier edificación.
La Fiscalía indicó que las edificaciones estaban en suelo rústico de especial protección paisajística
La APLU intensificó en el 2017 las órdenes para retirar casetas prefrabicadas en Foz
Las intervenciones de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) durante el año pasado se centraron especialmente en el ayuntamiento de Foz, donde las principales intervenciones fueron sobre casetas y viviendas prefabricadas, especialmente entre los meses de abril y junio. En ese período, según la agencia, se ejecutaron al menos siete retiradas o demoliciones de ese tipo de instalaciones. La mayor parte estaban ubicadas en suelo no urbanizable, rústico de protección ordinaria o rústico de protección agropecuaria, y en todos los casos eran propiedades particulares. La mayoría estaban ubicadas en parroquias del municipio.
En todos los casos los expedientes se resolvieron en la vía administrativa, según la información que ha trascendido hasta el momento.