El Ministerio Fiscal solicita para Manuel Cortón, el técnico externo que contrató el Concello de Viveiro entonces para analizar las licencias pendientes tras la suspensión de la normativa urbanística, cinco años de prisión, 20 meses de multa con cuota diaria de 10 euros y seis años de inhabilitación. Al igual que a los concejales y ex concejales de Viveiro le imputa un presunto delito de prevaricación urbanística, pero añaden un presunto delito de falsedad documental en referencia a tres licencias que fueron informadas favorablemente por el técnico. No hay en este caso acusación popular.
En su escrito de defensa, el técnico consideraba que la imputación realizada por la Fiscalía es «huérfana de toda prueba, incluso indiciaria». Añadía que la relación de hechos que figuran en el escrito de acusación se fundamentan «exclusivamente en juicios de valor, elevados a la categoría de hecho».