Cuando comenzó a construirse el Estado autonómico, los nacionalistas catalanes acuñaron una fórmula despectiva («café para todos»), con la que resaltaron su convencimiento de que a Cataluña tenía que dársele lo que debía negarse a los demás, excepción hecha de los vascos. Esa expresión, y la idea señoritil que le servía de soporte, manifestaba una concepción según la cual los catalanes -no se sabe muy bien por qué motivo- tenían un derecho al autogobierno (es decir, al café) del que carecíamos gallegos, canarios o andaluces.
De aquella crítica al «café para todos» hemos pasado ahora a una no menos inadmisible al «AVE para todos», que lleva a CiU a sostener que lo que los catalanes (y otros muchos españoles) disfrutan desde hace años no debemos tenerlo los gallegos. La última muestra de ese cutre egoísmo regional puede verse en el blog del segundo portavoz de CiU en el Congreso, un tal Pere Macias, quien sostiene sin que se le caiga la cara de vergüenza, quizá porque carece de ella, que hacer el AVE a Galicia arriesga la credibilidad de España.
Al margen de lo llamativo que resulta ver a un diputado favorable a que su comunidad se separe del país tan preocupado por la credibilidad de una nación cuya existencia no reconoce su partido, la verdad es que hay que tener caradura para venir desde Cataluña -una de las comunidades más endeudadas de España, tras haber tirado con el dinero a manos llenas- a poner peros a las inversiones en Galicia.
No, señor Macias, lo que pone en entredicho la credibilidad de España no es que en Galicia se acabe un AVE que debería estar ya funcionando, sino que una de nuestras comunidades más ricas haya tenido que cerrar quirófanos o que plantearse cobrar por las recetas tras haberse gastado la pasta en encargar informes sobre asuntos que sonrojarían a un ladrón o en abrir embajadas extranjeras (sic) para aparentar lo que no son: un Estado nacional. La obsesión identitaria del nacionalismo y sus comparsas (los socialistas y los comunistas catalanes) ha llevado a las autoridades de la Generalitat no solo a violar de un modo flagrante derechos personales (esos comerciantes multados por no rotular en catalán), sino también a provocar un auténtico desastre económico, del que no ha sido capaz de escaparse Cataluña pese a haber logrado cambiar, con la anuencia de Zapatero, el sistema de financiación en su propio beneficio y en perjuicio de las comunidades menos desarrolladas del país.
No seré yo quien ponga en duda que la espantosa herencia económica que ha dejado Zapatero (en compañía, por cierto, de sus ministros Chacón y Rubalcaba) debe significar un replanteamiento realista de los plazos de finalización del AVE de Galicia a la Meseta, pero que vengan a afearnos la conducta unos nacionalistas que han hecho con el dinero mangas y capirotes y que están empeñados en que se les beneficie con un pacto fiscal que les eximiría de ser solidarios con todos los demás supera lo que cualquier persona razonable debería estar obligada a soportar. Y es que lo que lleva poniendo en entredicho la credibilidad de España desde hace muchos años es la existencia de partidos que quieren trocearla? y están empeñados, al mismo tiempo, y con todo descaro, en gobernarla.