Las instalaciones anunciadas para Viveiro acumulan meses de retraso y ni siquiera se conoce el proyecto
26 jul 2007 . Actualizado a las 11:22 h.viveiro | Con 75.190 habitantes censados, la población de A Mariña aumenta de modo considerable durante las épocas de vacaciones, hasta el punto de que llega a duplicarse en épocas como Semana Santa, verano o Navidad. A pesar de eso, del tráfico de mercancías peligrosas que soporta y del tejido empresarial, la comarca continúa siendo de las escasas de Galicia que aún carece de parque de bomberos. Pero la situación debería cambiar, sobre todo porque desde mediados del pasado mes, la Diputación de Lugo está obligada por la Xunta, en base a la Lei de Emerxencias de Galicia, a dotar de ese servicio a A Mariña. Disputas políticas sobre la financiación del equipamiento y del personal mantienen inutilizado el único parque de bomberos mariñano, listo para ocupar en Barreiros desde más de tres años. A pesar de que el Valedor do Pobo, en un pronunciamiento compartido por la Consellería de Presidencia, le atribuía esa responsabilidad, el anterior presidente de la Diputación, el popular Cacharro Pardo, pasó de rebajar la aportación que inicialmente había comprometido a negarse a dar ni un euro para ponerlo en marcha. La nueva norma Y el otro parque previsto, que se ubicará en Viveiro, acumula meses de retraso y ni siquiera se conoce el proyecto, pese a que el conselleiro de Presidencia anunció el pasado septiembre que las obras empezarían en noviembre del año pasado. Tanto en el de Barreiros como en el de Viveiro, la Diputación, que ahora gobiernan PSOE y BNG, debería asumir las responsabilidades que le otorga la recién aprobada Lei de Emerxencias de Galicia. En su artículo 26, atribuye a los organimos provinciales la misión de «garantir a prestación do servizo de protección civil e xestión de emerxencias, incluídos os servizos contra incendios e de salvamento, naqueles municipios non conten con servizos propios, por non resultaren obrigados ou por teren obtida a dispensa deles». En su artículo 49, añade que las diputaciones tendrán que aportar fondos para «actividades propias ou para atender as que lles correspondan aos concellos de menos de menos de 20.000 habitantes». Y ninguno de los quince mariñanos supera ese censo.