?ueve sindicalistas de la CIG fueron juzgados ayer en Lugo por una presunta falta contra el orden público, según la acusación particular efectuada por la letrada de la Xunta de Galicia. El fiscal, sin embargo, no llegó a efectuar ninguna imputación. Los hechos que dieron lugar al juicio ocurrieron el pasado 1 de junio como consecuencia de un encierro que llevaron a cabo los sindicalistas dentro de las movilizaciones que llevaron a cabo para demandar negociaciones de las condiciones económicas y laborales de los empleados públicos de la Xunta. «Nós pedíamos negociación e o delegado da Consellería da Presidencia contestounos con represión», expresó ayer la CIG. El sindicato criticó ayer la actitud del delegado, José María Moraleja porque «non contento con desaloxar pola forza a uns representantes sindicais que o que facíamos era demandar a negociación do convenio colectivo, personouse no xuízo de onte cunha letrada para tentar demostrar que cometéramos unha falta por ocupar un edificio público». Los acusados y también varios testigos que concurrieron al juicio dijeron que el edificio en esa jornada no estaba cerrado al público. Era por la tarde y los ciudadanos podían entrar, explicaron. También le expusieron al titular del Juzgado número 4 que es el que emitirá la sentencia, que el encierro lo hicieron en una oficina de información donde no había documentos oficiales o reservados. Arresto de fines de semana La letrada de la Xunta pidió para cada uno de los acusados dos fines de semana de arresto y una multa de un mes a razón de seis euros diarios. El fiscal considera que no se produjo delito alguno. «Quedou demostrado no decorrer do xuizo que non houbo tal falta», expresó ayer el responsable comarcal de CIG-Autonómica, Gerardo Alvaredo. Este sindicalista añadió que el delegado de la Consellería de la Presidencia, José María Moraleja, tenía una triste despedida. «Está claro que os altos cargos do goberno que viñemos padecendo están moito máis preocupados por tentar asegurar as prebendas que tiveron durante anos mediante un decreto de blindaxe dos seus privilexios que das condicións económicas e laborais dos máis de 22.000 laborais e funcionarios de base da Xunta. Dende a CIG tentaremos evitar que estes privilexiados consoliden o que gañaron por amiguismo ou partidismo e seguiremos loitando por uns servizos públicos de calidade e unas condicións laborais dignas», expresó.