El Tribunal Superior ordena ejecutar el fallo que ordena demoler un inmueble en San Cibrao Aduce que el conflicto quedó resuelto cuando los afectados firmaron un convenio
14 feb 2004 . Actualizado a las 06:00 h.El Concello de Cervo intenta paralizar la orden judicial de demolición que pesa sobre un edificio de San Cibrao invocando un acuerdo extraprocesal, firmado posteriormente con el vecino que denunció la obra ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y con el resto de afectados, el promotor de la obra y el propio gobierno local. Ése es, en resumen, el argumento esgrimido ante el tribunal, de donde el pasado día 3 salió una comunicación concediéndole diez días de plazo para «ejecutar en debida forma la sentencia». El edificio está situado en la confluencia de la Rúa da Cruz y la Avenida da Mariña, en el centro de San Cibrao y lo promueve Rego Eijo CB. El fallo judicial data de 1996. Motivos de la denuncia El PSOE de Cervo, por medio de su portavoz Manuel Rodríguez, asegura que la sentencia fue promulgada a instancia de un particular porque el inmueble invadía «2,20 metros a vía pública». El PP local, ahora en el gobierno, sostiene que el recurso fue planteado porque «invadía su propiedad» y porque la licencia otorgada por el anterior ejecutivo socialista «no debía concederse en una parcela afectada por la apertura de un nuevo vial sin garantizar antes su urbanización». Ese aspecto quedó resuelto en 1996, con un convenio mediante el cual Promociones Rego cedió terreno para la nueva calle y la urbanizó, asegura el Concello. Varios vecinos lo recurrieron en 1997 al entender que así se modificaba el trazado de la Rúa da Cruz, ante lo cual el Concello y el particular adujeron que se correspondía con el reflejado en las normas urbanísticas. La invasión de un alero A raíz de una sentencia emitida en el 2000, dos años después y con el trazado de la calle «como figura en las normas» urbanísticas, el particular, los vecinos, el promotor del edificio y el Concello suscribieron un nuevo convenio, aprobado por la corporación en pleno. El 11 de julio del 2002, el promotor del inmueble presentó un proyecto de modificación de la planta baja, ampliación de entreplanta, cuatro alturas y bajo cubierta para construir doce viviendas. El 9 de octubre de ese año, el Concello le concedió el permiso. Y el 24 de enero del 2003, presentó el proyecto de ejecución, donde «no figura el alero de 1,5-1,6 metros que podría suponer una invasión del vial existente», argumenta el gobierno local. El pasado jueves, el técnico municipal emitió un nuevo informe donde, haciéndose eco de un dictamen previo de la arquitecta municipal, deja constancia de que el edificio se ajusta a la normativa urbanística municipal, con la salvedad de que en las observaciones «di que se recorte o voo existente para que cumpra co permitido». «Satisfacción» Dado que el denunciante y el Concello pactaron una solución al litigio, el gobierno local pretende convencer al Tribunal Superior de Xustiza de que ahora «procede dar por concluso el recurso contencioso-administrativo al haberse producido la satisfacción extraprocesal de la pretensión» del denunciante. Ahora resta esperar por la respuesta del tribunal.