México se desangra en una guerra sin rumbo

Javier Herrero

INTERNACIONAL

El aumento de víctimas inocentes pone en entredicho la estrategia militar del presidente Calderón contra los narcos y obliga a Estados Unidos, como destino de la droga, a implicarse más en buscar la solución

28 mar 2010 . Actualizado a las 03:00 h.

El 1 de diciembre del 2006, Felipe Calderón fue investido presidente de México, entre gritos y golpes, en una caótica ceremonia que fue reflejo de la división social del país tras cinco meses de crisis poselectoral por denuncias de fraude. Dos semanas más tarde, 7.000 militares se desplegaban en el estado de Michoacán para dar inicio a la operación Conjunta Michoacán contra el narcotráfico.

Días después, Calderón, ataviado como jefe del Ejército, dirigía la palabra a los soldados e insistía en que la batalla iba a ser dura. «Reitero que esta no es una tarea fácil ni será rápida; que tomará mucho tiempo, implicará enormes recursos de los mexicanos, incluso, la pérdida lamentable de vidas humanas», predijo. No falló en su pronóstico.

El narco mexicano ha convertido la frase «Pobre México: tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos» en una oportunidad de negocio de proporciones incalculables. Compartir frontera con el primer consumidor de droga del mundo ha hecho de México un lugar de tránsito obligado (se calcula que el 90% de la cocaína que se consume en Estados Unidos pasa primero por México) y en productor de primer nivel (principal productor de marihuana del mundo y uno de los primeros de heroína), más aún cuando el campo mexicano ofrece extensiones de tierra, población y pobreza por cantidades iguales.

El advenimiento de los carteles colombianos en los años ochenta y su asociación con narcotraficantes mexicanos para transportar la cocaína hacia Estados Unidos descubrió un negocio mucho más rentable y tras la muerte del capo Pablo Escobar, el dominio del boyante negocio de la cocaína quedó en manos mexicanas.

Los intereses comunes de autoridades políticas y militares con los narcotraficantes tras 70 años de hegemonía de un partido en el poder (el PRI) configuraron el mapa del narco en México. Combatirlo con la corrupción policial existente o la falta de un plan nacional contra la delincuencia en la legislatura anterior fueron detonantes para el despliegue de más de 30.000 miembros del Ejército y de la Policía Federal.

El ruido de los combates

Si bien en los primeros meses se lograron un mayor número de detenciones de sicarios, así como incautaciones de alijos de droga, también se desató la violencia de los carteles, con especial crudeza en áreas fronterizas o de tránsito de la droga. La cuestionada legitimidad del presidente dejó paso al ruido de los combates, con el aumento constante del número de víctimas año tras año.

Lo que parecía solo una lucha entre carteles, policías corruptos y el Ejército, ha golpeado ya a la población civil, víctima indefensa de continuas violaciones de derechos humanos.

Recientes son los casos de Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, estudiantes del prestigioso Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), que fueron acribillados hace una semana en un enfrentamiento entre sicarios del narco y el Ejército en la ciudad de Monterrey. O el asesinato de 14 jóvenes en Ciudad Juárez, la «ciudad más peligrosa del mundo», que ha obligado a Calderón a reorientar su estrategia militar con nuevas medidas sociales y educativas.

La responsabilidad de EE.?UU.

Estados Unidos, que observaba con preocupación la situación en la frontera, no ha podido eludir su responsabilidad como proveedor de armas y principal consumidor de la droga. El reciente asesinato de tres de sus ciudadanos vinculados al Consulado Estadounidense en Ciudad Juárez ha situado de nuevo la agenda de compromisos adquiridos con la Iniciativa Mérida para la cooperación entre los dos países en la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico.

Sin embargo, no aparecen señales halagüeñas que inviten al optimismo. Y mientras la pobreza sigue aumentando en México, las voces críticas contra la estrategia del Gobierno no cesan de crecer. Tres años y 17.000 muertos después, cada vez son más los expertos que opinan que esta guerra no puede ser ganada, pero sí se puede perder.