Un juez prohíbe salir de Honduras a un mando militar implicado en el golpe

EFE

INTERNACIONAL

La decisión se tomó al término de la audiencia por la expatriación del derrocado presidente, Manuel Zelaya.

15 ene 2010 . Actualizado a las 15:12 h.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y juez especial, Jorge Rivera, prohibió hoy salir del país a la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, al término de la audiencia por la expatriación del derrocado presidente, Manuel Zelaya, anunciaron fuentes judiciales.

El fiscal del caso, Marcio Cabañas, y dos abogados defensores, Dagoberto Mejía y Juan Carlos Sánchez, confirmaron a periodistas que Rivera también ordenó que los seis oficiales que integran la Junta de Comandantes se presenten a firmar cada mes el libro de registro en la secretaría de la CSJ.

El juez «ha determinado prohibirles salir del país» a los oficiales, dijo el fiscal, quien apuntó que Rivera también «señaló audiencia para el próximo jueves».

Cabañas indicó que «el Ministerio Público todavía tiene (tiempo) para estudiar la medida y tiene el término legal para poder interponer un recurso, si lo consideramos necesario».

Los seis militares se abstuvieron de declarar ante el juez pese a tratarse de una «audiencia de declaración de imputado», confirmó Mejía a Efe.

«No declararon, se abstuvieron ahora por estrategia de defensa, usualmente no se declara en la audiencia de imputado y se deja oportunamente para cualquier otro momento siempre y cuando fuera necesario», explicó.

El Ministerio Público acusó a los seis militares el pasado 6 de enero por la expulsión de Zelaya a Costa Rica tras su derrocamiento el 28 de junio pasado.

La Constitución prohíbe la expatriación de hondureños.

La Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas la integran el jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto, generales Romeo Vásquez y Venancio Cervantes.

Además, los jefes del Ejército, general Miguel Ángel García Padgett; de la Fuerza Aérea, general Luis Javier Prince, y de la Fuerza Naval, contraalmirante Juan Pablo Rodríguez, y el inspector general de las Fuerzas Armadas, general Carlos Cuéllar.