La Unión Europea tratará de acordar normas armonizadas para el uso de escáneres corporales en los aeropuertos, aunque por el momento los países continúan divididos al respecto. En este sentido, Barack Obama subrayó en su intervención de anoche que «los registros en los aeropuertos internacionales son críticos» y señaló que discutirá la importancia de que se adopten medidas en todo el mundo durante la reunión que mantendrá en Madrid a finales de mes con sus socios europeos.
Por su parte, la Agencia Europea de Seguridad Aérea analizó ayer en Bruselas el atentado frustrado del día de Navidad y abogó por tratar el uso de los escáneres de forma conjunta. La tramitación de nuevas normas podría retrasarse varios meses, pues la propuesta de la Comisión Europea (CE) tendrá que ser debatida por la Eurocámara y los Veintisiete.
La CE confirmó que está considerando elaborar una regulación a nivel europeo para la introducción de controvertidos escáneres. «Si no hay problemas con los derechos humanos, la salud, la libertad de los ciudadanos y el uso de los datos, no puedo excluir que la Comisión reabra la cuestión», dijo ayer el comisario de Transportes, Antonio Tajani.
Fracaso en el 2008
La Comisión fracasó en un intento similar en el 2008 al chocar con la oposición del Parlamento Europeo, que argumentó que violaba la privacidad de los viajeros.
Mientras tanto, los Estados miembros, que junto a la Eurocámara tendrán la última palabra sobre esas normas, todavía no tienen un acuerdo sobre el asunto, pero en principio la mayoría sería favorable a su implantación.
Hasta ahora, el Reino Unido, Holanda e Italia ya han anunciado que se unirán a EE.?UU. y que comenzarán a instalar escáneres corporales en los aeropuertos. Junto a ellos, Francia empezará a probar «en el menor plazo posible» el mecanismo en ciertos aeropuertos. Bélgica se muestra reacios y otros países no han expresado su opinión, aunque en el pasado algunos como Alemania se opusieron con firmeza. Su implantación genera escepticismo en la presidencia española de la UE, según se desprende de lo manifestado por el ministro de Fomento, José Blanco.