Más allá del repudio que causaba ayer en Colombia el secuestro y asesinato del gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, el caso se convirtió en un inesperado obstáculo para la anunciada liberación de dos militares secuestrados por la guerrilla de las FARC.
Antes de que el cadáver apareciera degollado el martes, el presidente Álvaro Uribe salió en televisión para dar una orden perentoria al Ejército y la policía: rescatar a todas las personas que están secuestradas por las FARC. Según Uribe, no se entiende cómo la guerrilla promete liberar a unos rehenes y al mismo tiempo planea el secuestro de un político, hecho que calificó de «burla al país».
Las FARC anunciaron en abril la entrega del sargento Pablo Emilio Moncayo y del soldado Josué Calvo, que no se ha concretado en medio de acusaciones mutuas entre guerrilleros y Gobierno en torno a obstáculos para que se cumpla el plan.
Moncayo, que el 21 de diciembre cumplió 12 años de secuestro, es el rehén que más tiempo lleva en manos de las FARC, mientras que Calvo fue capturado hace ocho meses.
El Gobierno autorizó a la senadora opositora Piedad Córdoba, a la Iglesia y al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a coordinar la entrega de Moncayo, de Calvo y de los restos de un policía que murió en cautiverio en el 2006, que las FARC también prometieron dar a su familia.
Sin embargo, el CICR considera que este proceso quedó sin garantías a raíz de la reiteración de la orden de Uribe para que los 23 militares y policías que están en manos del grupo armado sean rescatados a la fuerza.
Córdoba, que ha cumplido un rol protagonista en anteriores entregas de rehenes, reaccionó diciendo que espera que no se trunque la liberación de los militares, aunque su gesto denota pesimismo.
Además de ser vista como una enorme piedra en el camino hacia la liberación de los dos uniformados, el ataque contra Cuéllar también es interpretado como un oscuro presagio de una agudización de la violencia de cara a las elecciones parlamentarias del próximo mes de marzo y las presidenciales de mayo del 2010.
Las votaciones de las últimas décadas en el país han estado precedidas siempre de una ola de acciones armadas de las FARC, incluso durante el Gobierno de Uribe, que empezó en el 2002 bajo la bandera de la llamada «seguridad democrática», una ofensiva contra los grupos guerrilleros con ayuda financiera y tecnológica de Estados Unidos.