Protestas ante el veredicto por el incendio de una discoteca argentina que dejó 193 muertos
INTERNACIONAL
Condenado a 20 años el administrador y absuelto el grupo que actuaba
20 ago 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Cuatro años y medio después de la tragedia en la discoteca República Cromañón de Buenos Aires, donde murieron asfixiados 194 jóvenes al incendiar unas bengalas el material combustible que cubría los techos del local, el Tribunal Oral Criminal 24 leyó ayer la sentencia que puso fin al primer proceso que investiga la responsabilidad penal de 15 personas.
Los jueces resolvieron aplicarle la pena más elevada a Omar Chabán, ex administrador de Cromañón , quien deberá permanecer 20 años en prisión tras ser encontrado culpable de incendio doloso seguido de muerte y cohecho activo (soborno a la policía).
El mánager del grupo de rock Callejeros que tocaba esa noche y que promovían el uso de bengalas en sus recitales, Diego Argañaraz, fue condenado a 18 años de prisión por ser coautor penalmente responsable de incendio doloso y cohecho activo en calidad de participe necesario.
Carlos Rubén Díaz, ex subcomisario de la Policía Federal que recibió los sobornos, fue condenado a 18 años. Penas menores recayeron sobre Raúl Villarreal, mano derecha de Chabán y encargado de seguridad de Cromañón , que fue condenado a un año. En tanto, las ex funcionarias del gobierno de la ciudad Fabiana Fiszbin (ex subsecretaria de Control Comunal) y Ana María Fernández ( ex directora adjunta del área de Fiscalización y Control) fueron condenadas a dos años de prisión y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El tribunal absolvió a los integrantes de Callejeros lo que provocó la ira de los familiares y supervivientes de la catástrofe que reaccionaron enfrentándose a los seguidores del grupo celebraban el fallo. Ambos grupos se enfrentaron a la policía, que tuvo que dispersarlos con mangueras de agua. Daniel Rosemberg, padre de una de las víctimas, dijo que se siente «absolutamente defraudado por la Justicia.».
Pese a las penas impuestas, todos los condenados permanecerán en libertad a la espera de lo que resuelva la Cámara de Casación, que tendrá la última palabra.