El presidente colombiano, Álvaro Uribe, declaró el estado de excepción en el país en un intento de atajar la huelga iniciada hace más de un mes por funcionarios de la Justicia, una decisión que algunos consideran inconstitucional.
La medida fue decretada la noche del jueves (madrugada de ayer en España) con el fin de desatascar un sistema judicial ya lento y colapsado de por sí. Según el Gobierno, los 36 días de paro convocado para exigir aumentos salariales, ha provocado que 2.170 detenidos por homicidio, lesiones y tráfico de estupefacientes quedaran en libertad al no haber jueces que imputaran los cargos. De continuar la huelga, acusados como Micky Ramírez, socio del extinto narco Pablo Escobar, o los supuestos autores del asesinato en el 2006 de Liliana Gaviria, hermana del ex presidente César Gaviria, quedarían libres en las próximas horas.
Hasta el momento, el paro ha provocado que 120.751 procesos se queden sin sentencia y ha evitado la celebración de 25.284 audiencias. Las cifras han sido esgrimidas por Uribe para justificar la necesidad de declarar el estado de excepción. Sin embargo, tanto los propulsores de la huelga como otros juristas y políticos de la oposición consideran que no se cumplen los requisitos que exige la Constitución para adoptar dicha medida.
«La conmoción interior se declara para efectos de sofocar una alteración grave del orden público, aquí no existe nada de eso», advirtió Fabio Hernández, presidente de ASONAL, el sindicato que ampara la rama judicial. «Busca la suspensión de los funcionarios que estén participando en el paro, ese es el verdadero objetivo, lo que sería un precedente pésimo para las protestas sociales en Colombia».
La medida adoptada por Uribe ha abierto un debate nacional sobre si el hecho de que si los juzgados colombianos estén más colapsados de lo habitual supone verdaderamente un peligro para la seguridad nacional y altera el orden público.
El estado de excepción permite que el Gobierno emita decretos con carácter legislativo durante 90 días prorrogables a 270, es decir, nueve meses. La primera medida adoptada por el Ejecutivo confiere al Consejo Superior de la Judicatura la facultad de «crear, suprimir, trasladar, nombrar y posesionar a funcionarios que garanticen la prestación del servicio público esencial». A pesar de las malas relaciones del Gabinete de Uribe con la rama judicial, especialmente con el Tribunal Constitucional, el Consejo Superior es considerado la institución que más ha mantenido la imparcialidad. Sin embargo, aún es incierto cómo reaccionará ante la nueva situación.
El lunes, el Gobierno aprobó por decreto un ajuste salarial de unos 40 millones de euros. Pero los afectados piden el triple, además de la nivelación de los salarios entre los distintos profesionales.