El Gobierno de Evo Morales descarta el diálogo solicitado por los gobernadores de la oposición
INTERNACIONAL
El Gobierno de Bolivia rechazó ayer la convocatoria de diálogo para el próximo 1 de julio propuesta por cinco prefectos (gobernadores) de oposición que han decidido no someterse al referendo revocatorio fijado para el 10 de agosto. «Por supuesto, no vamos a ir, porque el Gobierno no asiste a ningún escenario en el que se condicione el diálogo», dijo el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
Este nuevo llamamiento al diálogo con el Gobierno fue propuesto el lunes por los gobernadores autonomistas de Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz, con el apoyo de su homólogo aliado de Cochabamba, al término de la reunión que celebraron en la capital tarijeña. Esa cita se celebró tras el referendo autonomista del domingo en Tarija, cuyos habitantes aprobaron un estatuto autonómico como ya lo han hecho también los departamentos de Santa Cruz (oriente), Beni (nordeste) y Pando (norte).
Los prefectos plantearon ir a una mesa de negociación política con el presidente de Bolivia, Evo Morales, para buscar la «reconciliación nacional», pero al mismo tiempo anunciaron su decisión de no participar en el referendo sobre mandatos convocado para agosto. Los prefectos se oponen a la celebración de esa consulta en sus regiones por considerar que la forma en que fue convocada favorece a Morales. Como alternativa, plantearon el adelanto de las elecciones generales para todos los cargos, en lugar del referendo revocatorio, si el diálogo no prospera.
En la consulta revocatoria se prevé preguntar a los bolivianos si están de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio encabezado por Morales y su vicepresidente, así como con la permanencia de los gobernadores.
Según Quintana, el Gobierno boliviano descarta el diálogo porque no ve en los prefectos opositores «motivación» para resolver «problemas mayores». Quintana acusó con anterioridad a esos prefectos de «golpistas» y pidió al Congreso Nacional que inicie un juicio de responsabilidades contra esos dirigentes regionales por su «aventura golpista».