La trigésimo octava Asamblea de la Organización de Estados Americanos tuvo como tema de fondo las repercusiones del conflicto armado colombiano en el sur de la región. Todas las esperanzas estaban puestas en el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Ecuador, rotas desde que el pasado 1 de marzo una incursión del Ejército colombiano en el país vecino atacó un campamento permanente de las FARC, donde murió el segundo al mando, Raúl Reyes.
La ministra de Exteriores ecuatoriana, María Isabel Salvador, habló con la prensa antes de iniciar la Asamblea para afirmar que las relaciones diplomáticas podrían restablecerse pronto, pero que la confianza iba a tardar mucho en recuperarse. La animadversión entre ambos países ha crecido desde que Colombia filtró información encontrada en los ordenadores de Reyes, en la que se evidencia la relación positiva del Gobierno ecuatoriano con las FARC.
Salvador solicitó a la OEA investigar el contenido de los ordenadores, enfatizando que su país no «tiene nada que temer», después de que el presidente Rafael Correa rechazara el análisis técnico realizado por la Interpol, confirmando que los documentos no habían sido alterados.
José Miguel Insulza, secretario de la OEA, aseguró que le dará toda la «atención e importancia que corresponde».
Grupo terrorista
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, único mandatario presente en la Asamblea por celebrarse en Medellín, solicitó una vez más a los 34 países miembros que traten a las FARC como grupo terrorista, en lugar de concederles el estatus de beligerancia, como solicitó Hugo Chávez.
Los cancilleres presentes, también una vez más, guardaron silencio. Nadie se inclina por incluir a las FARC en sus listas de terrorismo, a excepción de Estados Unidos, y tan solo Ecuador y Nicaragua consideraron en su día conceder el estatus de beligerancia, aunque tampoco lo han llevado a cabo.
Los ministros de Colombia y Venezuela, también en constante pugna por motivos similares, mantuvieron una reunión que fue calificada de cordial.