El ADN de Francia, las multas en Bélgica a vehículos extranjeros y el acoso de Portugal a los conductores gallegos
INTERNACIONAL
Francia se jacta de ser el país de la solidaridad y la tolerancia, pero sus ciudades están rodeadas desde hace años por guetos habitados por magrebíes y africanos, que sufren tasas de paro de hasta el 40% y que no pueden conseguir un empleo fuera del tejido económico del barrio porque sus apellidos delatan una procedencia que las empresas rechazan.
A partir de julio, Francia asumirá la Presidencia semestral de la UE, y el eje de su mandato será la política de inmigración común. El proyecto que manejan las instituciones europeas quiere acelerar las expulsiones de irregulares, que podrán padecer períodos de privación de libertad de hasta 18 meses. De momento, no plantea extender el sistema francés, que prevé hacer pruebas de ADN a los inmigrantes que se acojan al derecho al reagrupamiento familiar, y que olvida que fuera de Francia también hay padres que no comparten el código genético de sus hijos porque esos son adoptados.
Bélgica es otro de los países que vive tensiones. Hay trabajo, pero conseguir un permiso de residencia es difícil. El jueves, medio centenar de latinoamericanos iniciaron una huelga de hambre en la Casa de América de Bruselas, para forzar al Gobierno a regularizarlos.
Los belgas no solo se quejan de los sin papeles . Su condición de sede de las instituciones de la UE les ha traído un sinfín de beneficios económicos, pero las desventajas les parecen intolerables. El pasado jueves el diario flamenco De Morgen denunció que un 25% de las multas por exceso de velocidad en el país corresponden a vehículos extranjeros, y que la mitad no se cobran nunca porque el Gobierno no sabe dónde viven los conductores. El periódico pidió acciones inmediatas, que traen a la memoria el acoso que padecieron hace pocos meses los gallegos que trabajan en el norte de Portugal. La policía lusa los investigó durante meses como a delincuentes para forzarlos a matricular sus coches en el país.