El polvorín boliviano vuelve a calentarse. El 4 de mayo se celebrará en Santa Cruz de la Sierra el primero de los referendos que persigue ratificar en las urnas los estatutos autonómicos aprobados por varios departamentos provinciales sin el consentimiento del Gobierno de Evo Morales. Mientras los territorios opositores sostienen que si la votación es respaldada por el pueblo habrá motivos suficientes para proclamar las autonomías, el Ejecutivo advierte de que la consulta es anticonstitucional, dado que las autonomías no están contempladas en la Carta Magna, por lo que el temor a que estalle la violencia crece a medida que se acerca la fecha de los comicios.
El ambiente se caldeó definitivamente el pasado miércoles, cuando los miembros de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), compuesto por Venezuela, Nicaragua, Cuba y la propia Bolivia, se reunieron con carácter extraordinario en Caracas para firmar una declaración de apoyo a Evo Morales ante la hipotética «kosovización» de la zona, en palabras de Chávez, al tiempo que acusaban al imperio, como denominan a Estados Unidos, de fomentar las demandas autonómicas representadas, dicen, por «la oligarquía y la extrema derecha» de Santa Cruz, la más pujante del país. La última medida de presión del Gobierno ha sido la de congelar, el jueves, las cuentas al departamento que encabeza las reclamaciones políticas del arco oriental del país.
La oposición más activa
Desde la llegada de Evo Morales al poder en el 2006, los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando se han convertido en la oposición más activa a las políticas del dirigente indígena. Atendiendo a reclamaciones que nacieron a finales del siglo XIX y que se multiplicaron desde los años noventa, piden una mayor porción en el reparto de la tarta económica de un país que tiene centralizadas en las provincias andinas de Sucre y La Paz todo el aparato político y financiero del Estado. Por definición, el Estado boliviano es centralista. Pero desde noviembre del 2007, cuando se aprobó sin la presencia de la oposición la nueva Asamblea Constituyente, las reclamaciones han ido en aumento hasta llegar a la proclamación del referendo, que para Morales solo es «una encuesta», dado su carácter no vinculante.
La oposición, personalizada en el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, y en el ex presidente y líder del partido Podemos, Jorge Quiroga, insiste en que si el resultado es afirmativo nadie podrá parar la autonomía de la llamada Media Luna Camba, opuesta al arco andino del país, en el que la gran mayoría de la población es indígena.
Del mismo modo que los socios bolivarianos de Morales acusan de injerencia a EE.?UU., la oposición cruceña denuncia que el papel de Chávez, Ortega y Castro también supone una intromisión en un asunto interno de un país profundamente dividido. En julio del 2006 se celebró un referendo nacional para decidir si se instauraban las autonomías. Venció el no defendido por el Gobierno con el 54% de los votos, pero en las provincias orientales el resultado fue muy favorable a los autonomistas. No ha dejado de haber tensiones desde entonces. Los incidentes desatados tras la accidentada aprobación de la Asamblea Constituyente pusieron al país al borde de un conflicto de mayor calado. Pero como sucede desde siempre en Bolivia, las válvulas se aflojaron en el último momento. Ahora temen que el 4 de mayo explote de nuevo.