Kosovo solo tiene mil kilómetros cuadrados más que la provincia de Lugo y ochocientos mil habitantes menos que Galicia. A partir de ahora tiene que inventarse como país y superar el odio acumulado durante siglos entre serbios y albano-kosovares
23 feb 2008 . Actualizado a las 21:30 h.En junio de 1999, Dragan Sigovic y su familia decidieron que había llegado la hora de dejar su casa de Pec, una localidad de 80.000 habitantes al noroeste de Kosovo. Tras años de sanguinarias matanzas y combates, el Ejército de Serbia había caído derrotado por las fuerzas de la OTAN, y una familia como la suya era presa demasiado fácil para las ansias de venganza de los albaneses, masacrados durante años por la tiranía de Milosevic. Había que huir, salvar la vida. Quizá algún día podrían volver.
Pocos días después de su exilio, la vivienda de los Sigovic fue saqueada, incendiada y destruida. Pero lo que no supieron hasta mucho después fue que uno de sus vecinos, Veton Antivari, la había reclamado ante los tribunales junto a la parcela que ocupaba, alegando que se la había comprado antes de su marcha. Veton logró hacerse con la propiedad gracias a un falso testigo, y los Sigovic, refugiados en Belgrado, no se enteraron de nada hasta que ya era demasiado tarde. Sus tierras habían sido inscritas legalmente a nombre de los Antivari en el catastro municipal de Pec.
Según la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), en Kosovo hay sin resolver 24.000 demandas de restitución de propiedades usurpadas durante la guerra. Una por cada cien habitantes, o una por cada 2,4 kilómetros cuadrados, según se mire. Serbios y albaneses llevan siglos disputándose el territorio, pero tras la independencia la batalla es por cada palmo de terreno.
«La propiedad es un derecho fundamental», recuerda Mikel Córdoba, abogado y director en Prístina la oficina de la oenegé española Movimiento para la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL). Trabaja promoviendo el retorno de exiliados, ayudándolos a recuperar sus posesiones perdidas y a obtener indemnizaciones si han sido destruidas. Casas, pisos, granjas, terrenos rústicos, locales comerciales, negocios...
No es fácil, porque el sistema de justicia kosovar es muy débil, tal y como asegura el último informe de la Comisión Europea sobre la situación del país: no hay registro civil, los autos judiciales no se traducen a las tres lenguas oficiales -serbio, albanés e inglés-, la policía apenas garantiza la aplicación de las sentencias, y estas no se comunican efectivamente a los afectados. Además, los jueces son demasiado permeables a la corrupción y a las presiones. ¿Se puede confiar en la Justicia? ¿Hay garantías de que los Sigovic -el caso es real, pero su nombre es ficticio, como el de los Antisari- puedan volver algún día a su tierra?
«Ocho años después del conflicto, la restitución de propiedades y el retorno de los desplazados sigue siendo el principal reto para la protección de los derechos humanos en Kosovo», sostiene Tim Guldimann, jefe de la misión de la OSCE. «Ellos están desplazados, pero sus derechos no», subraya.
Según Mikel Córdoba, la devolución de propiedades no es solo la condición necesaria para que Kosovo pueda volver a convivir en paz. También porque, si no se hace justicia, el país jamás podrá construirse como un verdadero Estado de derecho, donde las leyes no se escriban sobre códigos y códigos de papel mojado.