El Gobierno de Irak aprobó ayer un nuevo proyecto de ley que pretende revocar la inmunidad concedida hasta ahora a las empresas de seguridad extranjeras. Considerada la primera consecuencia política del llamado escándalo de Blackwater, cuando 17 civiles iraquíes perdieron la vida tras ser asesinados por agentes privados de seguridad.
La medida del Ejecutivo pretende derogar una normativa anterior según la cual todos los contratistas empleados por EE.?UU. poseen inmunidad total ante la Justicia iraquí. Conocida como la orden 17, e implantada en el año 2004 por la autoridad transitoria de Irak encabezada por Paul Bremer, los excesivos privilegios contemplados en este acuerdo ya habían sido criticados con anterioridad por diversas asociaciones civiles. Sin embargo, no fue hasta la matanza del pasado septiembre cuando los políticos nacionales decidieron «hacer una legislación que ponga bajo el mismo paraguas a todos los empleados», en palabras del portavoz del Ejecutivo, Alí al Dabbagh.
El anuncio de la nueva ley, que deberá pasar todavía el filtro del Parlamento, coincide con la publicación en EE.?UU. de un informe en el que se asegura que el Departamento de Estado norteamericano ofreció inmunidad parcial a los agentes implicados en el escándalo.
Según una información publicada en The New York Times , la promesa de inmunidad a cambio de recibir testimonios fidedignos se habría realizado sin el consentimiento del Departamento de Justicia, lo que supone una complicación en la nueva investigación del suceso.
Jurisdicción
Con el caso transferido ahora al FBI, sigue también en el aire la incógnita sobre qué tipo de jurisdicción debe aplicarse cuando se trata de contratistas privados. Sin competencia para ser juzgados por tribunales militares, y con serias dudas sobre el poder de las leyes estadounidenses en territorios en guerra, la solución podría encontrarse en la llamada Jurisdicción Militar Extraterritorial, cuya aplicación fue aprobada el mes pasado en la Cámara de Representantes.