Supuestamente no envió al juzgado el informe de una alcoholemia
30 jul 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La responsable del Juzgado de Instrucción número 2 de Lugo ha imputado al jefe de la sección de tráfico de la Policía Local, Manuel García Ferreiro por su presunta actuación irregular en la tramitación de un expediente de alcoholemia. El agente fue citado inicialmente para comparecer a final del mes de agosto. Diversas fuentes indicaron que la conducta mantenida por el policía podría ser constitutiva de dos delitos, en concreto omisión del deber de perseguir hechos delictivos e incluso no es descartable que le atribuyeran prevaricación. Este último aspecto podría llegar a ser estudiado por la jueza para determinar si el funcionario público efectuó una resolución que pudo haber sido injusta.
Las imputaciones, explicaron diversas fuentes, no se conocerán posiblemente hasta que avancen las investigaciones que se iniciaron como consecuencia de una denuncia presentada en su día por el comportamiento supuestamente anómalo del policía.
Una prueba de alcoholemia
Una prueba de alcoholemia es la clave de estas diligencias, si bien algunas fuentes expresaron que las investigaciones podrían dar mucho de si porque se extendería también al expediente completo y a seguir los pasos de su tramitación desde que se levantó el atestado.
En su momento, el conductor de un cuadriciclo se vio involucrado en una incidencia ocurrida en la zona de Garabolos, en la parte norte de la ciudad. Fue requerida la presencia de agentes de la Policía Local para que instruyeran el correspondiente atestado.
Los integrantes del equipo que acudieron al lugar comprobaron como el conductor presentaba síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas. Esta circunstancia motivó que le fuera practicada una primera prueba en la que, al parecer, dio una tasa de 0,70 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. Como quiera que era necesario hacerle otra con un etilómetro de precisión fue avisado Manuel García Ferreiro que acudió al lugar y realizó el trámite. El resultado fue de 0,60 una tasa que constituye, según dijeron diversas fuentes, motivo para una infracción penal. El atestado, por tanto, debía ser enviado al juzgado, para la apertura de las correspondientes diligencias y someter posteriormente a juicio rápido al conductor.
Todo apunta, a que el expediente no llegó a ser enviado a ningún juzgado, lo que evitó una posible condena de multa al conductor. En cambio parece que fue tramitado por la vía administrativa lo que pudo suponer una sanción al implicado, pero sin ningún tipo de consecuencia penal.