La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital lucense inició la tramitación de las diligencias abiertas como consecuencia de una denuncia presentada contra el ex sargento de la Guardia Civil del puesto de Friol por un presunto delito de falsedad documental. En la jornada de ayer prestaron declaración tres agentes del puesto, uno de los cuales es el que supuestamente mantiene la acusación contra el agente que fue apartado de su cometido después de una gran polémica en la que llegó a intervenir el alcalde friolense, Antonio Muíña Pena.
Los trámites de la juez tendrán continuidad en la próxima semana. Está previsto que, además del propio guardia denunciado declare, en calidad de testigo, el alcalde de Friol, Antonio Muíña Pena, del Partido Popular.
La polémica generada en el cuartel de Friol proviene del pasado verano. En su momento, la Asociación Unificada de Guardias Civiles contó que el mando intentó imponer a uno de sus subordinados la firma de una denuncia, por una presunta infracción urbanística, contra la familia de la concejala del equipo de gobierno de Friol y diputada autonómica del Partido Popular, Isabel García Pacín.
El citado colectivo destacó que el guardia, supuestamente, fue amenazado de que si no firmaba serían informados sus superiores de su negativa. Todo apunta a que el agente en cuestión mantuvo su negativa a rubricar la denuncia por considerar que el contenido de la misma no se ajustaba a lo que él había tenido ocasión de comprobar. Con posterioridad, el sargento supuestamente falsificó su firma, de acuerdo con lo expuesto por la citada asociación. Las firmas de los otros dos agentes también fueron presuntamente adulteradas.
Esta situación trajo como consecuencia que fuese cesado el sargento, hecho que en algunos sectores atribuyeron a motivos políticos, en concreto a desavenencias mantenidas con el alcalde, Antonio Muíña. La reacción del regidor no se hizo esperar y, en una extensa nota, explicó que si el guardia fue apartado del puesto fue por falsificar las firmas de sus agentes. Muíña explicó que el sargento se empeñó en materializar la denuncia contra la familia de la concejal, a pesar de que sus agentes le advertían de que todo era correcto.
Según el alcalde, el sargento llegó a denunciar ante el capitán de Vilalba a uno de los agentes que no quiso firmar. Muíña dijo que él no tuvo ninguna iniciativa en el asunto y apuntó que toda la investigación la hizo la Guardia Civil.