Las inspectoras que la DGT envió a Lugo para controlar como funcionaba la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo, en el punto de mira por el caso de la presunta retirada irregular de multas y también la entrega de carnés a ciudadanos chinos que aprobaban las pruebas teóricas en castellano sin tener ni idea de este idioma, se detuvieron especialmente en determinar quiénes manejaban los exámenes. Quedó establecido que un ordenanza tenía la llave del armario de donde se guardaban y, además, que podría haber otros fallos. Por esta circunstancia la inspección estableció que, «hasta que se cubra la plaza de jefe de sección de seguridad vial, la organización de los exámenes se efectúe por el subjefe provincial».
El citado funcionario, según especificaban las inspectoras, se encargará «de la selección de cuestionarios para el examen teórico, así como el reparto de aspirantes de pruebas prácticas, que se recomienda que se realice teniendo en cuenta que autoescuela ha evaluado cada examinador las semanas anteriores para evitar repetir aspirantes y comprobando que cada examinador clasifica las pruebas asignadas y dejar de hacerlo como se hace hasta la fecha».
En su momento las inspectoras determinaron que el reparto de exámenes prácticos también lo realizaba el coordinador de exámenes, «que agrupa las pruebas en grupos de 16 que guarda en paquetes y, al azar, y en sobre cerrado, entrega cada paquete a un examinador». Añade el informe que, «finalizados los exámenes no comprueba que la hoja de calificación venga firmada por el examinador a quien se le ha asignado el paquete y, por ello, desconoce si entre los examinadores se intercambian las autoescuelas asignadas.
Pero todavía hay más recomendaciones u órdenes. El informe recoge que las citaciones para las pruebas prácticas en vías abiertas al tráfico general se hace con dos únicos llamamientos: a las ocho y media y a las once y media. Fuera de la capital hay un llamamiento único. Las inspectoras le indicaron al jefe provincial que las pruebas han de hacerse en tiempo real. «No es de recibo que un aspirante espere media mañana a ser citado a la prueba. El alumno debe saber, con suficiente antelación la hora exacta de su prueba y, salvo un período mínimo de cortesía, no puede perder el tiempo esperando. En el supuesto de que el horario se viera alterado debido a que algún alumno no se examina, etcétera, sería el examinador el que esperase al alumno», apunta el informe.
La plantilla de examinadores se compone de un coordinador y seis examinadores. Según el informe, cada uno de los examinadores realiza un cupo diario de 16 exámenes, «negándose, caso de ser necesario, a realizar más».
Las inspectoras señalaron que no hay demanda de aspirantes como para que los seis examinadores tengan que hacer exámenes, por lo que habitualmente dos de ellos están en la jefatura. El jefe provincial y el coordinador de exámenes fueron preguntados sobre cuáles eran las tareas que desempeñaban estos funcionarios, pero éstas no fueron concretadas, «motivo por el cual se indica que han de atribuirles tareas administrativas determinadas para esos días».
La inspección se detuvo también en cuestiones relacionadas con las salidas que los examinadores realizan a Foz y Monforte, el modo de transporte y también las horas a las que se desplazan.