Todas las corporaciones han intentado recibir el dinero pero no hay cuentas bancarias ni bienes para embargar
20 ago 2008 . Actualizado a las 02:00 h.El Concello iniciará hoy los trámites para que la empresa responsable de gestionar el matadero municipal, Frimiño, deje de serlo. Desde 1989, año en el que se aprobó la concesión hasta 2014, la empresa no ha pagado ni una sola de las cuotas anuales, por lo que para este momento ya debe más de 1.300.000 euros a las arcas municipales.
Desde 1989, todos los equipos de gobierno han intentado cobrar la totalidad de la deuda o, al menos, una parte porque hay constancia de que Frimiño tiene ingresos aunque, según el Concello, no los declara. La tesorera municipal ha emprendido diversas acciones (entre ellas, intentar que los carniceros del Mercado de Abastos pagaran al Concello directamente en lugar de al matadero) pero todas han sido infructuosas porque la empresa, legalmente, no existe. No hay un propietario al que reclamar o una persona que pueda hacerse cargo de la deuda. Tampoco dispone de cuentas bancarias o de bienes que embargar, según explicaron ayer la concejala de Economía, Sonia Méndez; y la de Servizos Xerais, Luisa Zarzuela.
Después de muchos intentos, el Concello ha conseguido recuperar un 1,5% del total. En cambio, al haber pruebas -entre otras, un expediente de la tesorera- de que el Concello ha intentado cobrar varias veces, la deuda no ha prescrito y ahora se puede abrir este expediente antes de que la empresa se declare insolvente.
Méndez explicó que el objetivo es doble: por una parte, recuperar el dinero perdido, y por otra, suprimir la concesión con Frimiño. Desde 1996, este último aspecto es más sencillo porque cambió la Ley de Bases de Régimen Local y el Ayuntamiento ya no está obligado a ofrecer un servicio de matadero.
Resolución en tres meses
Sonia Méndez explicó que hoy se enviará una advertencia a la empresa de que, o paga, o se pondrá punto y final a la adjudicación. A partir de ahí, Frimiño puede presentar alegaciones -para ello tiene un plazo máximo de diez días- y entonces, tendría que resolver el conflicto el Consello Consultivo de Galicia; o que no las presente y que la concesión pueda suprimirse en tres meses con, se supone, el abono de la deuda. Méndez dijo tener esperanzas, porque «la ley establece mecanismos para que paguen».