Cristian, un ciudadano uruguayo, relata la difícil situación que se encontró a su llegada a España, cuando trabajaba quince horas diarias por 600 euros al mes
22 jul 2008 . Actualizado a las 02:00 h.La llegada a un nuevo país en busca de mejores oportunidades y partiendo de cero no resulta fácil para ninguno de los mortales. Un buen ejemplo de ello es Cristian Fleitas, natural de Uruguay y actualmente residente en Lugo donde trabaja en el sector de la construcción.
Este uruguayo de 24 años pasó los dos primeros años de su estancia en la ciudad lucense como inmigrante ilegal, una circunstancia de la que algunos empresarios no vacilan en aprovechar para hacerse con una mano de obra barata en condiciones infrahumanas.
Desde los 9 años trabajando
Tras realizar trabajos puntuales en Madrid y otras ciudades españolas, Cristian aterrizó en Lugo acompañado de su mujer, donde empezó a buscar empleo como mecánico de coches. Se trataba de un ámbito que él dominaba perfectamente al haber crecido entre herramientas y motores, ayudando desde los nueve años en el taller que regentaban sus padres en Uruguay. Sin embargo, la falta de unos papeles en regla le impidieron encontrar trabajo en este sector. Finalmente, dos meses después de su llegada a la ciudad gallega, empezó a trabajar en la construcción bajo un régimen de explotación ilícito tal y como reconocía el propio afectado: «Trabajábamos unas quince horas al día a cambio de un sueldo de 600 euros al mes». En esta situación lamentable se mantuvo durante poco más de dos años, hasta que él y otros siete compañeros de trabajo de su misma nacionalidad se atrevieron a denunciar a la empresa constructora. De esta forma, los ocho empleados se dirigieron al Centro de Información de Trabajos Extranjeros (CITE) de Comisiones Obreras donde les asesoraron y les dieron las correspondientes instrucciones para efectuar la denuncia. Desde este organismo se envió una inspección de trabajo con la intención de que se diera a conocer esa situación de explotación laboral. Cristian y el resto de sus compañeros pasaron ocho horas en el calabozo para ser posteriormente puestos en libertad y proceder a realizar la denuncia contra el constructor. Actualmente pese a que esto se produjo ya hace más de un año, el juicio todavía está a la espera de la decisión del juez.
A día de hoy el uruguayo trabaja en condiciones dignas en otra constructora, esta vez ya como inmigrante regularizado al conseguir los papeles gracias al coraje que demostró al atreverse a demostrar una situación de absoluta injusticia.
Pocos se atreven a denunciar
Sin embargo, puede decirse que el caso de Cristian y de sus siete compañeros es la excepción que confirma la regla, puesto que la mayor parte de la gente que comparte su situación no se atreve a denunciar por miedo a ser deportado. El sudamericano entiende perfectamente este comportamiento y reconoció: «En Uruguay las condiciones de vida son peores que en España, pero al menos nadie se muere de hambre. Sin embargo, otras personas no tienen esta suerte, y se juegan mucho al efectuar la denuncia, pues algunos proceden de países donde realmente existe una gran penuria».
Cristian señalaba también que muchos inmigrantes que sufren este trato infrahumano llegan a España con sus mujeres e hijos y que, por lo tanto, no sólo se arriesgaban ellos mismos sino que también estaba en juego el bienestar de su familia.
Otro caso de explotación
No obstante la dura vivencia de este joven no termina aquí. Apoyado sobre la pared de ladrillo de la obra en la que actualmente trabaja, Cristian comenta la experiencia que les tocó vivir a sus padres hace unos siete meses.
El propietario de una finca situada a las afueras de Lugo, le invitó a que trajera a sus padres a España, asegurándole un trabajo para ambos cuidando de la finca y de los animales que albergaba. Sin embargo, una vez que los padres aterrizaron en España, la dulce visión que el propietario le había ofrecido en un principio, no tardó apenas en teñirse de un oscuro tono grisáceo.
El sueldo era de 500 euros para cada uno, y las jornadas acababan alargándose hasta alcanzar algunas veces las doce de la noche. «Estaban como recluídos, sin poder salir de la finca en ningún momento», contaba Cristian mientras mostraba una mirada de indignación.
Así se mantuvo la situación durante varios meses hasta que los uruguayos se cansaron de permanecer retenidos y se fueron de la finca, no sin recibir amenazas por parte del propietario.
Cristian comenta la situación en la que se vieron en ese momento: «Al quedarse sin empleo, mis padres tuvieron que alojarse en mi casa, por lo que durante siete meses vivimos cinco personas a base de un solo sueldo porque mi mujer no tiene permiso de trabajo».