Entre ochenta y cien profesores interinos de infantil y primaria de la provincia podrían perder su trabajo, según los cálculos de los sindicatos, si la Consellería de Educación cumple la propuesta de agrupamiento de clases de la que informó la semana pasada a los inspectores de educación para que la estudiaran. Tanto CC.OO. como el Sindicato Galego de Traballadores do Ensino (STEG) afirmaron ayer que, siguiendo las instrucciones de la Xunta, en la provincia de Lugo desaparecerían 65 cursos, la mayoría de las zonas rurales.
Los colegios del sur de la provincia perderían entre ocho y diez unidades y entre catorce y dieciséis profesores. El colegio de A Barrela, en Carballedo, sería el más afectado. Perdería dos aulas y dos plazas docentes. Los de O Incio, Pantón, Sober, A Pobra do Brollón, San Clodio y Samos perderían una clase y dos profesores cada uno de ellos. Por último, los centros de primaria de Escairón y Quiroga podrían perder una clase y dos plazas de personal docente si no logran matricular a más de diez niños de tres años el curso que viene.
La Consellería de Educación envió la semana pasada una circular a las jefaturas de la inspección educativa en la que establece que se formarán grupos de 20 alumnos como máximo con escolares de distintos cursos del mismo ciclo de educación infantil y, también con el mismo criterio, a los del mismo ciclo de educación primaria. Por último, se indica que a los alumnos de distintos ciclos se les puede unir en grupos de 15 como máximo.
Los sindicatos coinciden con la consellería en que las agrupaciones son algo habitual, pero critican que desde 2003, cuando gobernaba el PP en la Xunta, no se podían formar clases de más de 16 alumnos de distintos cursos y ahora se aumenta la cifra hasta 20. El representante en Lugo de STEG, José Manuel Cabezudo, recalcó ayer que esto «aplicábase con flexibilidade», teniendo en cuenta circunstancias curriculares, sociales o culturales de los alumnos. «Porque non sempre se pode facer» dijo insistiendo en que, según la circular que han recibido los inspectores, a partir de ahora sería «obrigatorio».
La Xunta afirma, a través de su página web, que el citado texto era un documento de «traballo interno» para estudiar cuál es la situación y, a partir de ahí, decidir qué hacer. Las organizaciones sindicales replican que este mensaje no se ha entendido así ni en los colegios ni en las inspecciones.
Los sindicatos recordaron que en la campaña electoral, el Partido Popular afirmó que reducir el número de alumnos por aula era prioritario en todos los ciclos, pero sobre todo en la educación infantil donde, afirmaban los populares, no debería haber más de 15 alumnos. De ahí que afirmen no entender por qué si se pretende reducir el número de escolares por aula, se anuncie una medida con la que aumentan.