La elevada deuda contraída con proveedores, con facturas sin pagar desde hace años, ha obligado a decenas de ayuntamientos gallegos a acogerse a las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para saldar los compromisos con sus acreedores. Con el grifo de la banca privada más que cerrado, las corporaciones se han acogido al plan promovido por el instituto público para aliviar la asfixia financiera de los municipios y el impacto que tiene su morosidad en el tejido empresarial y comercial local. Ayuntamientos como Vilagarcía o Ferrol acaban de suscribir préstamos por valor de de 1,2 y 2,5 millones, respectivamente. En el concello arousano, por ejemplo, pretenden abonar 577 facturas para aliviar la situación económica de empresas y comercios de la zona. A Estrada también acaba de solicitar 600.000 euros; Moaña, 684.000, Chantada, 270.000, y Culleredo, un millón.
La línea abierta por el ICO para garantizar liquidez de las entidades locales para el pago a proveedores está abierta hasta el próximo 30 de noviembre.
Moaña, por ejemplo, ha elaborado un listado de acreedores en el que figuran 140 empresas y autónomos, y Cangas ha solicitado también 457.335 euros para hacer frente a varias sentencias judiciales por impago.
Según los últimos datos oficiales hechos públicos por el Ministerio de Hacienda, las 315 corporaciones gallegas adeudan a las entidades financieras 641,5 millones de euros, cantidad a la que hay que sumar los pagos pendientes a los proveedores. Los pagos pendientes a la banca y el endurecimiento de las condiciones de préstamo explican que muchas corporaciones, en situación de riesgo, tengan enormes dificultades para recurrir a la financiación bancaria.
En Santiago, por ejemplo, la deuda financiera reconocida se eleva a 66,2 millones de euros -incluyendo lo que se le debe al Estado-, pero la real asciende hasta 100 millones. Es decir, hay 33 millones en obligaciones pendientes de pago.
La radiografía del municipalismo gallego muestra un elevado número de consistorios con una deuda bancaria desproporcionada en relación a su censo de habitantes, como es el caso de Ordes, Melide u Oroso, entre otros.