El proyecto de ley que regula la movilidad de tierras agrarias inició ayer su tramitación parlamentaria, al superar con éxito el debate de totalidad con los únicos votos del PP. Los dos grupos de la oposición, el PSdeG y el BNG, se rebelaron contra un texto que entierra definitivamente el Banco de Terras impulsado por el Gobierno anterior y alertaron contra la deriva «latifundista» de la nueva ley.
La nacionalista Tereixa Paz advirtió de que el proyecto impulsado por la Consellería do Medio Rural «abre a porta» a la forestación de tierras productivas desde el punto de vista agrario, por lo que, en su opinión, se aleja de la verdadera finalidad que debería tener un banco de tierras. Lejos de eso, considera que el nuevo texto «está ao servizo das grandes transnacionais forestais».
La socialista Sonia Verdes recordó uno de los reproches que el PP le dedicó al Banco de Terras en la pasada legislatura para afirmar que el instrumento de gestión de la nueva norma será también un «chiringuito latifundista». Reprobó la ley por «revisionista» y destacó que debería servir para facilitar el acceso a tierras útiles, no para redimensionar las explotaciones.
El conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, remarcó en cambio que el nuevo texto se propone «darlle saída ás terras produtivas ociosas» para aumentar el valor añadido del campo. Argumentó que su verdadero fin es darle «facilidades» a los ganaderos que deseen redimensionar sus explotaciones, pues se eliminaron restricciones como la calificación urbanística. Con la ley actual, dijo, solo se podían incorporar al banco las parcelas catalogadas como suelo agrario, pero en la actual permitirá incorporar a todas en las que haya una verdadera vocación agroforestal.
De hecho, una de las novedades es que la Xunta pretende incorporar al banco común las 320.000 fincas sin dueño conocido, que suman 5.600 hectáreas.
8.500
Propiedades gestionadas
La Xunta gestiona en su banco 8.500 fincas agrarias, de una superficie de 150 hectáreas.
320.000
Fincas de dueño desconocido
La nueva ley permite a la Xunta gestionar 320.000 fincas de dueño desconocido.