El valor de los proyectos alcanza los 11 millones de euros, según el PP
01 abr 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Aunque la crisis económica general y la particular del sector de la construcción han reducido al mínimo la actividad urbanística, en las tres semanas de marzo del 2008 que siguió al frente de la Concejalía de Urbanismo de Vigo cuando ya era senadora, Carmela Silva (PSOE) firmó la concesión de unas 120 licencias, que supusieron la materialización de proyectos por 11 millones de euros, según los cálculos de la oposición (PP).
En Vigo, los delegados de Urbanismo reciben la potestad de firmar las licencias aunque después dan cuenta de todas ellas al consello de la gerencia municipal, donde están representados los grupos políticos. Por tanto, es una decisión personal, aunque, obviamente, cada permiso tiene que contar previamente con los informes técnicos pertinentes.
Al haber firmado sin ser ya responsable de Urbanismo, las licencias pueden encontrarse en un delicado limbo, aunque tampoco parece probable que vayan a ser recurridas. Sobre este asunto, tanto el alcalde, Abel Caballero, como la propia Silva se han negado a dar explicaciones desde que se conoció lo ocurrido, y el portavoz del PSOE, Carlos Font, descarta cualquier irregularidad, aunque ha evitado entrar en materia.
Plazos
Carmela Silva cesó el 31 de marzo del 2008 como concejala para incorporarse al Senado, donde fue nombrada portavoz del PSOE. Sin embargo, al tratarse de una edila no electa, se vio afectada por las normas de incompatibilidad de la Cámara alta. Aunque no se conocen los detalles de lo ocurrido, en noviembre de ese año Caballero firmó un decreto adelantando el cese de Silva como responsable municipal al 8 de marzo.
Esa decisión no fue dada a conocer y se llevó a cabo sin regularizar la situación de las actuaciones de la ex concejala de Urbanismo durante esas tres semanas, principalmente en lo que respecta a la concesión de licencias de obra. Fuentes jurídicas consideran que el gobierno vigués hubiera podido resolver fácilmente la situación convalidando todos los acuerdos, pero prefirió guardar silencio y dejar las cosas como estaban.
Informe jurídico
Una vez que este asunto ha salido a la luz, la oposición municipal ha decidido actuar. Según explicó ayer el portavoz del PP, José Manuel Figueroa, han pedido informes jurídicos dentro del Concello para aclarar este vacío en la gestión y los problemas que se puedan plantear.
La clave de este asunto parece residir en la ley de grandes ciudades, por la que se creó la figura de los concejales no electos, denominación periodística que no se ajusta literalmente a la realidad. De hecho, esta norma legal establece que los alcaldes «podrán nombrar como miembros de la junta de gobierno local a personas que no ostenten la condición de concejales», lo que deja en evidencia que estos responsables municipales no son ediles.
Esta pudo ser la causa de que el Senado tardara un año en dar la compatibilidad a Silva, precisamente hasta que Caballero firmó el decreto adelantando 23 días su renuncia. De esta forma, la ex responsable de Urbanismo dejó legalmente dicho cargo el 8 de marzo, la jornada previa a las elecciones generales en las que fue elegida senadora. Sin embargo, la realidad es que estuvo ejerciendo durante todo el mes de marzo.