«Nos hizo sentir delincuentes», afirman las limpiadoras de colegios
10 feb 2011 . Actualizado a las 06:00 h.No es habitual que el alcalde de Vigo expulse a nadie del pleno, pero tampoco una novedad. Al inicio del mandato, Caballero experimentó con una sesión a puerta cerrada para aprobar el Plan Xeral, una línea de actuación que quedó interrumpida ante el escándalo generado y las consiguientes denuncias judiciales. Pero se patentó un nuevo sistema: la prohibición posterior de acceder a quien interrumpa una sesión.
Las familias afectadas por los vaivenes del AVE en Teis llevaron su desesperación al salón de sesiones tiempo atrás. Una mujer sorteó los controles y llegó a pocos metros del alcalde, quien no tuvo otro remedio que escuchar su dramático discurso. A partir de ese momento dos agentes evitan que la situación pueda repetirse vigilando la puerta batiente que separa a periodistas y público de los concejales.
Otra consecuencia de estos incidentes fue la prohibición para que algunos de estos vecinos pudieran asistir a las siguientes sesiones. La polémica alcanzó su culmen cuando la oposición municipal denunció la existencia de listas negras y se plantó ante el intento de Caballero de modificar el reglamento del pleno para dar carácter oficial al veto a vecinos. El alcalde intentó doblegar al PP, pero cuando el Bloque se sumó a los populares no tuvo otro remedio que dar marcha atrás.
Pese a ello, de manera encubierta, sigue practicándose en el Concello vigués. Ocurrió el lunes pasado y originó una denuncia contra Caballero que obviamente tardará en resolverse, pero la del pleno del Plan Xeral será pronto revisada por los jueces.
«Nos sentimos ofendidas»
Dos periodistas de La Voz acompañaron ayer a la mayoría de las limpiadoras expulsadas del pleno junto con una dirigente de la CIG. Concentradas ante el edificio del Concello levantaron las manos «pues la verdad es que fuimos atracadas en nuestros derechos», explican.
Ajenas a cualquier avatar político, afirman que la decisión del alcalde de impedirles entrar a la sesión «nos ofendió y nos hizo sentir como delincuentes».
A Transi Fernández, dirigente de la CIG y compañera de protestas de las limpiadoras, se le ve menos afectada en el plano personal, pero no menos enfadada. «Fue un acto dictatorial; por mi cargo en la dirección nacional del sindicato puedo entrar en empresas y al Concello voy con frecuencia. No me parece de recibo lo ocurrido y, por eso, tras consultar con la abogada presentamos una denuncia en comisaría que pensamos mantener pase lo que pase», afirma con rotundidad.
El sistema de acceso, lo que califican de «atosigante» vigilancia policial, los cacheos y revisiones de bolsos y la retirada de carteles «que a día de hoy todavía no nos han devuelto» incrementan aún más el malestar del colectivo de limpiadoras.