La prohibición de que los emigrantes participen en las elecciones locales pasa desapercibida pese a entrar en vigor en la próxima cita
25 oct 2010 . Actualizado a las 10:02 h.El pasado lunes, el diputado del PSOE José María Benegas y el del PP José Antonio Bermúdez de Castro presentaron en las Cortes dos propuestas de ley para reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Una subcomisión del Congreso llevaba más de un año debatiendo y tratando de buscar el máximo acuerdo sobre los cambios a introducir en una de las leyes más importantes de la democracia. La apelación a la necesidad de consenso ha retrasado varias modificaciones inaplazables, como la que afecta al voto de los españoles residentes en el extranjero, que atañe de manera muy especial a Galicia.
Pues bien, tras negarse durante mucho tiempo, con la excusa del deseado consenso, a implantar de inmediato las modificaciones exigidas por unanimidad por el Parlamento gallego, como la de que los emigrantes voten en urna, PSOE y PP no han tenido inconveniente en presentar una reforma de la ley pactada en pocos días entre los dos grandes partidos y que no cuenta con el apoyo del resto de los grupos. Populares y socialistas tienen razón al reformar la ley para hacer más difícil que ETA y su entorno participen en las elecciones y entren en las instituciones. Pero, si eso se ha podido hacer con la máxima celeridad y sin necesidad de que todos los grupos estén de acuerdo, no se entiende por qué se ha permitido durante tanto tiempo que los emigrantes españoles voten en unas condiciones más propias de países del tercer mundo que de las naciones de nuestro ámbito.
El 13% de los gallegos
La repercusión pública de la reforma que pondrá las cosas más difíciles a Batasuna ha dejado en segundo plano otra reforma fundamental de la ley electoral que se va a poner en marcha. Ni siquiera en Galicia ha habido excesivo debate esta semana tras confirmarse que el PSOE y el PP están de acuerdo en que entre en vigor en las elecciones locales del próximo mayo la prohibición de que los emigrantes gallegos voten en los comicios municipales. Eso supone privar del derecho al voto en esta cita a cerca de 350.000 gallegos que lo han venido ejerciendo sin problemas desde el comienzo de la democracia. Es decir, que a casi un 13% del censo electoral de Galicia se le retira el derecho al sufragio. Para hacerse una idea de lo que representa, a nivel nacional sería como prohibir votar a toda la población de las ciudades de Madrid y Barcelona (4,9 millones de habitantes sin sus áreas metropolitanas).
Es verdad que es una decisión probablemente acertada, porque muchos de esos gallegos en el extranjero nunca han pisado Galicia y en muchos casos su voto está decidiendo alcaldías de municipios que ni siquiera conocen. Pero también es una medida que merecería sin duda un mayor debate público. Privar a un español de uno de sus derechos fundamentales como es el del voto no puede quedarse en una noticia a pie de página.
Alguien debería explicar por ejemplo por qué una persona que nunca ha estado en Galicia no puede decidir una alcaldía gallega, pero otro ciudadano que nunca ha pisado España sí puede decidir quién tiene que gobernar en el Estado español.