El Supremo ofrece a los agraviados una posibilidad de resarcimiento que no convence a las víctimas
GALICIA
La Justicia ha generado un mecanismo de satisfacción para los agraviados cuya existencia poca gente conoce, recuerda Enrique Sánchez-Goyanes. «El ciudadano que, ante una sentencia ajena no ejecutada, se siente agraviado por un fallo que sí obligó a la demolición de su casa, puede solicitar la ejecución de la sentencia que estima que lo deja en desigualdad de trato». Así lo sentó hace semanas el Tribunal Supremo al confirmar un fallo; es el llamado derecho de acción pública en urbanismo. «Y puede pedir la ejecución aunque no participase en la acusación ni en el proceso», insiste el jurista.
Este derecho de pataleta o de venganza, como lo califican algunos expertos en derecho, no convence a las víctimas de A Guarda. «Isto non produce ningún tipo de satisfacción para o agraviado, excepto que se se salva outro edificio nos serve de estímulo para salvar o noso», dice el alcalde Domínguez Freitas. «Parece que se pida xustiza por arriba pero non por abaixo. O ideal -anota- sería que se se salva un se salven todos. A verdade é que non sentaría ben que aquí as casas se vaian abaixo e noutros sitios sigan en pé», critica. «O que queda nestes casos -apunta Celestino García Braña, decano del Colexio de Arquitectos de Galicia- é recorrer xudicialmente. Pero isto deixa desconcertados aos arquitectos. Non só polas importantes indemnizacións. Casos como A Guarda ou O Piricoto son demenciais. ¡É que a resposta ao final está nos tribunais! Cando o tema sobrepasa a escala con consecuencias tan tremendas, o desexable sería que derriben e fóra, pero non se pode pola súa enorme trascendencia económica», objeta. García Braña cree que habría que buscar «solucións graduais, xa que a responsabilidade non pode recaer nos donos particulares»: permutas, traslados a largo plazo, recalificaciones, ver si realmente las licencias causan un mal irreparable o se pueden encajar...
Traicionar la confianza
Cabe exigir, por la responsabilidad patrimonial, la reparación económica a las Administraciones, que habrían traicionado la confianza legítima de quienes creían que sus licencias eran válidas. «La jurisprudencia cada vez es más sensible con estas situaciones. Y es que es un derecho con raíz en la misma Constitución», advierte Sánchez-Goyanes.