Alude al «deber» ciudadano de conocer la lengua gallega e insiste en blindar el 8% de la inversión del Estado
03 jul 2010 . Actualizado a las 02:43 h.El PSOE gallego apuró ayer el paso para situar la reforma del Estatuto de Autonomía de Galicia en la agenda política, y lo hizo apropiándose del texto articulado negociado en el 2006 por todos los grupos parlamentarios con el fin de convertirlo ahora en el punto de partida para nuevas conversaciones. El secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, reunió ayer en O Hórreo a diputados socialistas gallegos de todas las Cámaras legislativas para abordar este asunto como plato único y pedir a Feijoo que «abandone o escapismo» y abra ya el debate.
En realidad, el documento elaborado hace cuatro años por la ponencia parlamentaria, y en el que trabajaron directamente diputados como Xesús Palmou (PP), Fernández Leiceaga (PSdeG) y Carlos Aymerich (BNG), sufrió pequeños retoques para acomodarlo a la doctrina que dejó asentada el Tribunal Constitucional con la reciente sentencia del Estatut, modificaciones que atañen a asuntos como la lengua propia de Galicia, la Administración judicial o las competencias en materia de cajas de ahorros.
«Non é un documento dos socialistas», manifestó ayer Pachi Vázquez, sino «un punto de encontro» al que se llegó después de escuchar a 108 comparecientes que representaban al poder institucional y a los colectivos sociales gallegos. Asimismo, el documento que ahora utiliza el PSdeG como texto «base» está acompañado de un preámbulo muy parecido al que se discutió en enero del 2007, en la reunión de Monte Pío donde encalló la negociación, en el que se reafirma el «carácter nacional» de Galicia con la alusión a la expresión «nazón de Breogán» que recoge el himno gallego.
El «deber» de saber gallego
El texto promovido por los socialistas también recoge algunos elementos sobre los que no había consenso político, pues no hay que olvidar que el grupo del PP mantuvo 36 reservas y 15 advertencias de inconstitucionalidad sobre el texto negociado en el 2006. Una de ellas vuelve a aparecer en el artículo 3. El texto blinda la cooficialidad del gallego y el castellano, pero dice que los ciudadanos tienen «o deber» de conocer ambas, algo que la Constitución solo le reserva al castellano.
El PSdeG se escuda en que una redacción similar prosperó en el Estatut, aunque fue objeto de interpretación por parte del Constitucional, matizando que dicho «deber» es genérico y no exigible a nivel individual.
A diferencia del proyecto del 2006, que blindaba la potestad gallega sobre las cajas de ahorro como una competencia exclusiva, el nuevo documento admite que la regulación del crédito y de las entidades financieras es una materia «compartida» con el Estado. Sí se mantiene intacta la exigencia de que Galicia obtenga al menos el 8% de la inversión territorializada del Estado, algo sobre lo que el PSdeG aduce que había consenso, pese a que el Constitucional señaló que las comunidades no pueden condicionar el presupuesto del Gobierno central.