Hernández deberá explicar la certificación de la variante de Lira, antes de rematarla, para no perder dinero de la UE.
29 jun 2010 . Actualizado a las 02:36 h.El caso de la variante de Lira en el municipio pontevedrés de Salvaterra de Miño obligará al conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, a declarar como imputado ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El conselleiro deberá explicar por qué visó una certificación de la citada obra antes de que estuviera totalmente rematada para no perder fondos de la UE. Esta certificación fue denunciada por el el PSOE ante los juzgados de Pontevedra, que elevaron el asunto al Tribunal Superior por la condición de aforado de Hernández. En abril, el tribunal admitió a trámite la denuncia del PSOE por si los hechos que relata fuesen presuntamente constitutivos de delitos de falsedad en documento público, estafa y/o fraude a la Administración pública. También deberá declarar como imputado el ingeniero del departamento de Vías y Obras de la Diputación de Pontevedra, Baltasar Pujales, quien era responsable de la red de carreteras en la zona sur de la provincia cuando se realizó la citada obra. Altos cargos de esta institución deberán prestar asimismo su testimonio en calidad de testigos, según precisaron ayer fuentes próximas a las Administraciones implicadas, que prevén que la declaración del conselleiro se produzca el próximo viernes. El asunto se remonta a la etapa en que el conselleiro ejerció como director de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra, todavía con el Gobierno bipartito en la Xunta. La variante de Lira, licitada en 458.000 euros, fue adjudicada a la empresa Sercoysa en 291.864 euros. Los trabajos se iniciaron con la ejecución de desmontes y obras parciales, pero no pudieron seguir adelante, según alegó en su día la Diputación, porque la Confederación Hidrográfica del Norte no concedió los permisos pertinentes para tala de árboles y pasos de aguas. De acuerdo con estas explicaciones, en diciembre del 2008 fue certificado el remate de la obra para no perder los fondos otorgados por la UE para la variante. La certificación habría sido realizada por Baltasar Pujales, mientras que Agustín Hernández se habría limitado a visar el documento como director de Infraestruturas, según fuentes provinciales. Ese mismo día la Diputación exigió a Sercoysa un aval por importe de 271.393 euros como fianza para responder de la finalización de la obra, que actualmente está terminada. Ayer, un portavoz de la Consellería de Medio Ambiente indicó que el departamento que dirige Hernández «repecta as decisións tomadas no ámbito xudicial como fixemos sempre» y señaló que la citación a declarar es «un paso máis» en el procedimiento iniciado tras la querella del PSOE. Desde la Diputación siempre se sostuvo que no existió más ánimo que el de salvar unas ayudas de la UE y que la denuncia tiene motivos políticos. En fuentes del PP se apunta que actuaciones similares han sido realizadas en otras Administraciones de distintos partidos. En este sentido, el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, se limitó a constatar ayer que todo surge de una denuncia presentada por el PSOE. «No voy a perder un minuto más de mi tiempo, que tenemos muchos problemas», dijo en referencia a este asunto. El secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, exigió al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, el cese del conselleiro de Medio Ambiente, pues considera «intolerable» que siga al frente de la consellería tras su imputación.