El proceso de consultas y exposición pública que ayer inició el plan de ordenación del litoral desembocará, según la hoja de ruta que maneja la Consellería de Medio Ambiente, en diciembre próximo, cuando está prevista la aprobación definitiva del documento. Ese calendario implica que transcurrirán siete meses desde que, el 17 de mayo, expire la ley que prohíbe edificar a menos de 500 metros de la línea de costa. El Gobierno de Feijoo, que ya acordó una prórroga de esa norma nada más iniciar su mandato, no tiene intención de ampliar de nuevo la vigencia de ese veto transitorio al ladrillo. Interpelado al respecto, el conselleiro Agustín Hernández aseguró ayer que esa segunda prórroga no será necesaria.
Hernández adelantó que la Xunta pretende solventar esa situación por medio de un levantamiento progresivo de la prohibición cautelar en la franja de los 500 metros. Se trata de una medida similar a la que planteó antes del relevo en el Gobierno el equipo de la ex conselleira María José Caride, que propuso levantar las restricciones cautelares en el 20% del suelo afectado. Pero el Ejecutivo de Feijoo optó por mantener la prohibición al 100%, porque los estudios que han permitido configurar el documento inicial estaban entonces sin finalizar.
Tramitación defectuosa
Como sucedió con las directrices de ordenación del territorio, donde la Xunta actual alegó defectos en su tramitación por el bipartito para explicar su aplazamiento hasta el 2011, Feijoo anotó en el debe del anterior Gobierno errores que obligaron a Medio Ambiente a iniciar de nuevo los trámites del plan del litoral «de conformidade coa lei». En concreto, aludió a que el acuerdo para el inicio del proceso no se publicó en el DOG ni fue comunicado a concellos y diputaciones. Feijoo también prefirió omitir que la consellería de Hernández ha aprovechado parte del trabajo que dejó la anterior, para subrayar que el documento presentado ayer parte del informe que dejó hilvanado su propio equipo, en su etapa al frente de Política Territorial en la última etapa del Gobierno Fraga.
Feijoo destacó que las 212.164 hectáreas que ordenará el plan representan el 7,2% del territorio gallego.