Polémica por las actuaciones judiciales que acabaron con la retención del alcalde y una diputada provincial
09 nov 2009 . Actualizado a las 12:06 h.Letrados de los políticos detenidos en relación con una presunta trama corrupta en el concello lucense de Castro de Rei revisan minuciosamente si se pudo producir en el caso algún tipo de irregularidad procesal. El hecho de que aparezcan autos de puesta en libertad en los que ni tan siquiera se cite el delito que motivó el arresto, unido a otra serie de cuestiones, motiva que algunos profesionales quieran establecer si la actuación se ajustó en todo momento a derecho.
Tanto el alcalde de Castro como los tres ediles que fueron detenidos con él -hace hoy quince días- y la vicepresidenta segunda de la Diputación Provincial de Lugo -retenida el pasado lunes- dijeron en el momento en que quedaron en libertad que desconocían qué era lo que realmente se les imputaba.
Según diversas fuentes jurídicas consultadas sobre el particular, no citar en un auto de puesta en libertad el delito que se le imputa al detenido es una «barbaridad jurídica, entre otras razones porque en el Código Penal hay 630 artículos». Ahora bien, no establecer el delito en el escrito de libertad, después de haber informado al implicado de lo que se le imputa en el momento de la detención, a la hora de ingresar en el calabozo y cuando presta declaración en sede judicial, sería simplemente un fallo menor que no afectaría a la legalidad de toda la actuación, apuntaron algunos expertos. Lo que sucede es que algunos de los detenidos aseguran que no recibieron la información en diversas fases del proceso.
A toda esta situación hay que unir que todavía sigue resultando polémico el traslado del alcalde de Castro a las dependencias judiciales: esposado y escoltado por dos agentes motorizados de la policía. En esas mismas fechas también fue detenido el alcalde del municipio de Santa Coloma de Gramanet y su conducción al juzgado fue totalmente distinta. Sobre este aspecto, los juristas consultados sostienen que la decisión correspondía al policía encargado del dispositivo de traslado y no al juez.