La Policía Judicial revisa adjudicaciones del Ayuntamiento tras admitir a trámite una denuncia del Partido Popular
06 ago 2009 . Actualizado a las 03:26 h.Una brigada del Cuerpo Nacional de Policía especializada en irregularidades económicas está investigando varias contrataciones del Concello compostelano que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago, Javier Míguez Poza, ha puesto en su punto de mira. A través de una resolución fechada a 3 de agosto, el magistrado ordenó iniciar dichas pesquisas a raíz de que un edil de la oposición, Ángel Espadas (PP), hubiese destapado una supuesta «trama de favorecimiento a unas empresas, pudiendo ser los hechos constitutivos de varios delitos, entre otros, de falsedad, prevaricación, estafa y tráfico de influencias». El citado auto versa, sin mayor precisión, sobre adjudicaciones de proyectos «en las que determinados cargos públicos, entre ellos y sobre todo el concejal de Obras [el socialista Bernardino Rama], y sin descartar al propio alcalde de la ciudad [Xosé A. Sánchez Bugallo], estarían implicados».
El proceso en curso ya había comenzado en mayo centrándose en un asunto concreto, la concesión de la reforma de un polideportivo a una empresa vilagarciana, Montebalsa S.?L., que en realidad no había ganado el concurso de licitadores; con un único imputado, el entonces jefe del Servicio de Obras del Ayuntamiento, Tomás Rivas, hoy ya destituido; y con un promotor, el regidor local, cuyo rol inicial ha quedado ahora diluido. Porque, tras analizar una denuncia interpuesta por los populares a mediados de junio, el juez acaba de dar un giro radical al sumario, tanto ampliándolo como reorientándolo, además de declarándolo secreto. Asimismo, ha suspendido los cinco interrogatorios que había programado para finales de julio, entre otras personas, a Sánchez Bugallo en calidad de demandante. En su lugar, ayer practicó uno hasta la fecha no previsto, el cual sirvió a Espadas para ratificarse en todo lo que había sacado a la luz.
En el auto del lunes, el instructor fundamenta su cambio de planteamiento en que los actos «de los que tendría que responder Tomás Rivas podrían ser muchos más» y en que «la condición procesal de algunos citados como testigos o perjudicados pudiera cambiar, amén de ampliarse la necesidad de la declaración como imputados a otros». «No estamos -abunda- como al principio de este procedimiento ante un caso aislado, sino que ahora se denuncia toda una trama». Y prosigue: «Pudiera ser que los hechos quedaran en meras sospechas y que no se determinara al final responsabilidad penal, pero es la obligación de un instructor averiguarlo».
Míguez Poza ha decretado el secreto de las actuaciones «para que no se frustre el buen fin de la investigación, porque los hechos presuntamente delictivos cometidos por cargos públicos, de resultar ciertos, son de extrema gravedad, tanto por las personas que pudieron cometerlos, al ser algunos de ellos representantes de los ciudadanos, como por lo habitual que parece empiezan a ser tales conductas en la nación española». Quiere mantener las pesquisas alejadas de la opinión pública apelando a que, si no lo hiciera, los políticos y funcionarios objeto de análisis «podrían utilizar su posición privilegiada en relación a los expedientes en el curso de la instrucción para ocultar, tergiversar o manipularlos, amén de la influencia en los testimonios de las personas que tendrían que declarar ajenas a los partidos». «La Policía Judicial especialista en este tipo de actuaciones delictivas requiere del tiempo necesario para que su labor se desarrolle sin la presión o influencia de las partes que pudieran personarse o de los imputados que vayan declarando», apostilla.