El fenómeno del impago de pensiones revive con la crisis. Después de unos años en que la reforma del divorcio y la disposición judicial al embargo de cuentas atemperó sustancialmente la gravedad del problema, el deterioro de la situación económica lo ha vigorizado de nuevo y ha puesto en la picota a centenares de familias monoparentales en Galicia, que han visto reducida, o directamente desaparecida, la pensión que percibían tras la sentencia de divorcio.
Estadísticamente, el crecimiento de las denuncias por impago fue del 23% durante el 2008, una progresión que, según abogados y fiscales, se ha mantenido o incluso ha crecido a lo largo del presente año. Sin embargo, las 648 denuncias que se presentaron en el 2008 por la vía penal son solo una parte, y la menos importante, de la actividad judicial al respecto. Lo normal es que, ante un impago, el afectado (afectada en la mayor parte de los casos) acuda a la vía civil, en la que encontrará una respuesta mucho más rápida y efectiva en el caso de que el cónyuge que no paga disponga de una fuente de ingresos localizable y embargable.
Cambios relativos
Curiosamente, este constatado aumento de las denuncias no refleja cambios sustanciales según la opinión de algunos colectivos de afectadas. La Federación Española de Mujeres Separadas estima que el 80% de los autónomos y profesiones liberales directamente no pagan las pensiones compensatorias ni alimenticias. Y entre quienes tienen ingresos fijos, asalariados casi todos, solo cumplen el 67% y, para eso, dicen, la mayor parte tienen el sueldo embargado.
Resulta prácticamente imposible afinar esos porcentajes, aunque todas las partes están de acuerdo en que la reforma de la Ley del Divorcio ha derivado en un mayor número de separaciones con sentencias de mutuo acuerdo y eso ha bajado el termómetro de la tensión judicial, pero, ¿ha mejorado el cobro de las pensiones? «Hay muchos mutuos acuerdos que no se cumplen -asegura Carlos Mariscal, fiscal de menores en A Coruña-. Es una cifra oculta, aunque yo diría que si se hiciera un estudio a fondo, no estaría por debajo del 40%». Y eso en las que supuestamente no hay conflicto. En los contenciosos, la conflictividad es mayor, con lo que el problema del impago, o cuando menos su cumplimiento irregular, se podría situar tranquilamente por encima del 50%
Más allá de la estadística, la crisis va deteriorando la situación: «Se dice que las parejas llegan a acuerdos extrajudiciales para evitar los costes del procedimiento -reflexiona el abogado de familia Ignacio Bermúdez de Castro-, aunque yo no lo creo. Pero es indudable que hay un aumento de demandas. A muchos igual no se les pasó por la cabeza dejar de pagar las pensiones, pero a lo mejor se ve que él tampoco tiene cómo mantenerse».
En ese caso, el pagador puede solicitar al juzgado una modificación de las medidas, trámite que difícilmente se resolverá antes de medio año si no hay apelaciones y durante el que deberá seguir sometido a las condiciones que quiere modificar. «Sí, es posible que el proceso tuviera que ser más ágil -señala el fiscal-, pero es un procedimiento nuevo y requiere tiempo. La ley es así».
Los colectivos de mujeres son quienes menos valoran el impacto de la crisis en los impagos: «Sigue habiendo las mismas dificultades de siempre porque muchas veces no hay ni de donde cobrar», señala la presidenta de la asociación de Lugo, donde las demandas se duplicaron en el 2008. «El problema es que ahora hay muchas mujeres que también han perdido el empleo y eso sí que ha agravado su situación». Al menos, subrayan que la situación social ha cambiado y que hoy las mujeres son más capaces de sobrevivir e integrarse en el mercado laboral que hace un decenio.